POSTAL DEL DÍA

RESUMEN de NOTICIAS DEL DÍA       en COLOMBIA y el MUNDO

elcolombiano.com - Colombia

Transparencia en campaña, ¿un imposible? (mié, 26 abr 2017)
El sistema de financiación de los procesos electorales está diseñado para que no haya transparencia. Para el Gobierno, los partidos, los académicos y la Misión Electoral Especial (MEE) es verdad sabida que los topes solo existen en el papel, que no hay controles, y que el aporte del Estado es insuficiente. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, le dijo a EL COLOMBIANO que el sistema de financiación de campañas no funciona, y que si después de la denuncias sobre Odebrecht, por ejemplo, no hay cambios estructurales, se repetirá la misma historia en las próximas elecciones. La financiación de las campañas está regulada en los artículos 20 a 27 de la ley 1475 de 2011, o Estatuto de Partidos y Movimientos Políticos, en sintonía con lo dispuesto por la Constitución en el artículo 109, modificado a su vez por el Acto Legislativo 01 de 2009. Entre otras cosas, establece que las fuentes de financiación son: los recursos propios de los partidos, los créditos de entidades financieras, el patrimonio del candidato, las contribuciones de particulares, y los ingresos originados por actos públicos o publicaciones. Como antecedentes están las leyes 130 de 1994, que creó el Fondo Nacional de Financiación de Partidos y Campañas y la 996 de 2005 (ley de garantías), que reguló las campañas presidenciales. Pese a toda esta normatividad, en palabras de Juan Fernando Londoño, exviceministro del Interior, los controles no funcionan porque el sistema se basa en la búsqueda individual de los votos, lo que estimula a infringir la ley. “Por el voto preferente (donde se vota por el candidato y no por el partido) hay muchos candidatos haciendo campaña, y esa competencia aumenta los costos. Mientras eso no se arregle será difícil organizar el resto”. ¿Son realistas los topes? El Estatuto de Partidos establece que el Consejo Nacional Electoral (CNE) regula en cada elección los gastos máximos de campaña. Por ejemplo, para 2014 los topes de financiación de campañas para Congreso se incrementaron en un 18 %. La resolución 389 del Consejo Nacional Electoral (CNE) estableció que una lista para Senado no podía gastar más de 74.053 millones de pesos. Si la lista tenía 100 candidatos, cada uno se pudo gastar hasta 740 millones de pesos. Para Cámara oscila según la población de cada departamento. Según un informe de Transparencia por Colombia, los ingresos para las campañas al Congreso 2014, reportados en Cuentas Claras por los 2.159 candidatos, fue de 198.907.113.498 millones. Los 269 elegidos reportaron 89.843.272.755 millones, equivalentes al 51 %. Los 20 senadores que más reportaron concentran la tercera parte de los ingresos (31 %). Lo anterior permite inferir que quienes más invirtieron fueron los que llegaron. No obstante, aparentemente ninguno sobrepasó los límites. Maquillaje a la contabilidad EL COLOMBIANO indagó con varios congresistas y reconocieron que les pidieron a sus contadores ajustar los gastos más auditables. Coincidieron en que no es posible cumplir los topes previstos por la ley. Uno de ellos afirmó que el CNE exige reporte de gastos durante los tres meses de campaña, pero que los gastos inician mucho antes. Precisó que quienes no son congresistas empiezan a visitar los territorios, mínimo, un año antes, y los que buscan la reelección están en campaña permanente con sus líderes. Jaime Duarte, docente del área de Gobierno del Externado, explico que, como el control contable y fiscal se hace posterior a las campañas, no de puede evitar que se superen los topes. “Ningún candidato va a entregar una contabilidad que se sobrepase. El problema de la ley es que cree que prohibiendo se van a acabar. Se debe es regular”. Según Iván Garzón, director de Ciencia Política de La Sabana, los topes se violan porque la política se convirtió en un negocio multimillonario, en el que se busca el poder para incidir en la contratación oficial. “Hay una deficiencia de ética, no solo de parte de los políticos sino de los empresarios que pagan sobornos. No se trata de limitar donaciones, sino de que se hagan sobre la mesa y regularlas”. ¿Por qué cuestan tanto? El representante Rodrigo Lara (Cambio Radical), confesó que no buscará la reelección porque no tiene los recursos para emprender una nueva campaña que, barata, le costaría 1.300 millones. Añadió que hay campañas para Senado que valen 10 o 20 veces más. Luis Trejos, docente de Ciencia Política de la Universidad del Norte, afirmó que las campañas son costosas por la marquetinización de la política: “los candidatos son vistos como productos que hay que vender, y eso cuesta. Las ideas son desplazadas. Es exagerado el costo de una asesoría de imagen de JJ Rendón o de Eduardo Mendonça”. Otro congresista expresó que es imposible que una campaña cueste lo mismo en Quindío, que tiene 12 municipios, que en Antioquia, que tiene 125. “Una campaña cuesta lo que la persona tenga capacidad de invertir, por eso, los topes no sirven para hacer control a ingresos. Un voto en Nechí, donde hay que pagar transporte fluvial, es más costoso que uno en la ciudad”. Olga Illera, decana de Ciencia Política de la Jorge Tadeo, afirmó que en Colombia es normal que se violen lo topes, porque las leyes están escritas, pero no se cumplen. “Uno hace cuentas y no se ve racional el gasto comparado con lo que captaría por salarios”. ¿Pueden subir los topes? Según el exviceministro Londoño, la Ley de Partidos pidió un estudio de los costos reales de las campañas, pero el Minhacienda no lo hizo: “si el Estado acepta que cuestan más, tendría que desembolsar más recursos por reposición. El Dane hizo un estudio y concluyó que no era necesario subir los topes. No entiendo por qué el CNE no los sube”. El artículo 13 de la Ley 996 establece el reajuste de la financiación tiene en cuenta la variación del el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Por ejemplo, mientras que en el 2010 el tope para candidatos presidenciales en primera vuelta fue de 17.000 millones de pesos, para 2014 se ubicó en 20.309 millones de pesos. Felipe García, magistrado del CNE, explicó que estas cifras se definen con base en el histórico y en un índice del Dane. Sobre si le parecían reales, dijo que Estados Unidos es una prueba de que si no se tienen topes, nunca será suficiente. “Ese techo es para garantizar que el tamaño de la chequera no determine el tamaño de la democracia. Se debe mejorar los controles”. Londoño explicó que en Estados Unidos, desde 2010, no existen límites en la financiación de particulares, pero las empresas y los candidatos deben hacer los reportes al Comité Federal de Elecciones. El magistrado del CNE, Armando Novoa, afirmó que no pueden subir los topes porque no existe un estudio técnico que lo determine “y por eso aplican un reajuste con base en el IPC. Eso lleva a que esos topes sean irreales”. Reposición, a destiempoLa ley 1475 de 2011 establece que el Estado financia las campañas mediante el sistema de reposición de gastos por votos válidos obtenidos, siempre y cuando para corporaciones obtenga, mínimo, el 50 % del umbral y para la elección de alcaldes y gobernadores el 4 % de los votos válidos. La resolución 0398 de 2014 del CNE fijó el valor del voto en 4.726 pesos. Un senador que obtuvo 60.000 votos, por ejemplo, recibió 283 millones, una cifra que, según un parlamentario, no responde a los costos reales en logística (alimentación, actos públicos, transporte y testigos electorales), publicidad y administración (abogado y contador). Agregó que los anticipos son solicitados por los partidos, hasta del 80 % de los gastos, luego de un trámite engorroso, y que aunque la ley 130 de 1994 establece que la entrega se debe efectuar un mes después de las elecciones, le llegan al candidato a los dos años, y el partido se queda con el 20 % para funcionamiento. Según otro parlamentario, los anticipos solo funcionan en las entidades bancarias, que le prestan con facilidad a los candidatos que ya tienen trayectoria electoral. “Hago eventos de recolección de fondos, como cenas, rifas o subastas, o una actividad musical o cultural con venta de boletas. Acuden las personas que uno ayudó a vincular a un cargo”. En las elecciones regionales del 2015, los recursos de anticipos no superaron el 1% del total de los ingresos de las campañas, lo que según la Misión de Observación Electoral (MOE) contradice el principio constitucional de que estas se deben financiar con recursos públicos y privados. Para Jaime Alberto Carrión, docente de Política de la U. Nacional, aunque algunas donaciones son declaradas, la mayoría no. “Una campaña puede recibir especie material publicitario, asesorías, que resulte invisible en la contabilidad”. Aunque los congresistas no son ejecutores de gasto, muchos hacen lobby en entidades públicas para conseguirle contratos a sus financiadores. “Por eso muchos descuidan la labor legislativa”, dijo el representante Federico Hoyos (Centro Democrático). Según Londoño, no siempre el favor se devuelve con un contrato, también puede ser con el acceso a la información o beneficios tributarios. “Una decisión sobre un POT puede enriquecer a alguien. Si sabe que el municipio va a habilitar tierras, las compra y luego las vende carísimas”.
>> Leer más

Radiografía del arma escondida de la guerra (mié, 26 abr 2017)
En 2021 Colombia deberá estar libre de minas antipersonal, a eso se comprometió el Gobierno al firmar el Tratado de Ottawa en 1997, ratificado en 2000 y el cual entró en vigor en 2001. Sin embargo, el tema es tan complejo, tiene tantas aristas, tantos riesgos y ha dejado a tantas víctimas que no solo el optimismo puede llevar a la meta. En total, 31 de los 32 departamentos del país tiene alguna zona con sospecha de minas antipersonal —menos San Andrés— así lo revela el informe “La guerra escondida, minas antipersonal y remanentes explosivos en Colombia” que presentarán hoy el Centro Nacional de Memoria Histórica, CNMH, y la Fundación Prolongar, en Bogotá. “Colombia ocupa el segundo lugar en el mundo, después de Afganistán, en número de víctimas de Minas Antipersonal (MAP) y Remanentes Explosivos de Guerra (REG) y el primero en número de víctimas de la Fuerza Pública por estos artefactos explosivos”, revela el informe. María Elisa Pinto García, coordinadora de la investigación, asegura que “todo proceso de desminado humanitario es muy lento porque en las áreas que se determinan como peligrosas y que deben ser objeto de despeje, se debe asegurar que centímetro a centímetro no hay ni una sola mina, y eso significa un proceso muy dispendioso, muy largo y muy costoso”. No todo son malas noticias Aunque el panorama es desalentador por la magnitud del reto que significa despejar todas las zonas con sospecha de minas, también se hacen esfuerzos desde diferentes sectores para acercarse cada día al objetivo: “Mozambique, por ejemplo, fue uno de los países más minados de África, sin embargo, al final de 2015 fue oficialmente declarado libre de minas. Con diligencia y dedicación, Colombia también formará parte del creciente número de países libres de minas. Con suficiente voluntad política y apoyo internacional, se logrará cumplir para 2021 el plazo establecido en el tratado”, relata Jody Williams, premio Nobel de Paz 1997 y coordinadora de la Campaña Internacional Contra Minas Antipersonal, quien escribió el prefacio del informe. Williams agrega que el año pasado, por primera vez, el Monitor de Minas Antipersonal de la Campaña no registró ningún uso de MAP por parte de las Farc, lo que definitivamente ayuda a minimizar los riesgos y a disminuir la sospecha. En ese sentido, Pinto García añade que “es importante que las Farc hayan conformado la Corporación Humanicemos para empezar a desminar. Ya hay varias organizaciones civiles y está el batallón de desminado humanitario del Ejército, con todos esos esfuerzos esperamos que el Gobierno cumpla la meta”, sin embargo, reconoció es que más “un acto de fe”. A lo que Sergio Bueno, director de Acción Integral Contra Minas Antipersonal, agrega que el Gobierno ha hecho un esfuerzo importante para aumentar la capacidad nacional “que sumada al logro de la paz, va a hacer posible llegar a territorios que antes, por condiciones de seguridad, no se podía hacer intervención”. Al respecto, el presidente Juan Manuel Santos ha dicho que “vamos a lograr eso, tenemos que trabajar 24 horas diarias, siete días a la semana, porque es una labor muy dispendiosa, muy difícil y muy peligrosa”. Las graves consecuencias “Lo importante es que queden sin patas (...) que queden sin piernas, sin nada, más sicología para ellos (...) porque saben que una minita de esas, sea como sea, le mocha, tiene que mocharlo”, expresó en una entrevista para el informe un guerrillero desmovilizado. Por testimonios como este los investigadores concluyen que el objetivo principal de una Mina Antipersonal no es matar al adversario sino herirlo y no herirlo de cualquier manera, sino ocasionarle un enorme sufrimiento. Y aunque por esa crueldad el uso de estos explosivos están prohibidos por el Derecho Internacional Humanitario, su siembra ha sido común entre las guerrillas, los paramilitares, las bandas criminales y la misma Fuerza Pública. En Colombia, entre 1990 y marzo de este año, se han presentado 11.472 víctimas, de ellas 9.203 han quedado heridas. “Uno pensaría que atender a las víctimas debería ser la prioridad número uno, pero este no ha sido el caso”, dice la premio Nobel de Paz. Agrega que en casi todos los casos, las víctimas tienen algún tipo de discapacidad visible después del atentado, se han enfrentado a un entorno difícil, que los discrimina, no solo desde la infraestructura física sino desde las ideas y los prejuicios. “La vida nos da un giro de 180 grados por un accidente de estos porque uno no está preparado en el momento psicológicamente para asimilar la pérdida de un miembro del cuerpo, pues, todo cambia”, contó una militar sobreviviente a un accidente con MAP en uno de los 17 talleres de memoria realizados para este informe. Cada vez más cerca La meta del alto consejero para el Posconflicto, Rafael Pardo, es despejar en los próximos dos años, 23 millones de metros cuadrados, que corresponden al 47 % del total del territorio con minas, estimado en 52 millones de metros cuadrados. Hoy la intervención se realiza en 203 municipios de 14 departamentos. “Hemos aumentando de 3 a 9 los operadores de desminado humanitario, pasamos de 1.342 a 4.684 el número de hombres y mujeres acreditados para adelantar operaciones de despeje y tenemos proyectado llegar a más de 7.000 en diciembre de este año”, detalla Pardo. Este es un salto cuantitavo, que sumado a los recursos de cooperación internacional, darán un impulso para evitar que hayan nuevas víctimas, y cumplirle al mundo con la meta, pero, sin duda, el país no se podrá olvidar de las víctimas que dejó la práctica más cruel de este conflicto armado.
>> Leer más

En el Senado debatirán una vez más la cadena perpetua (mié, 26 abr 2017)
Como Sara Ayolina Salazar, la niña de tres años violada y asesinada en Armero, hay 23 menores que son abusados diariamente en el país, según el ICBF. ¿Cómo superar esta problemática? Una de las salidas que se escucha cuando el problema sale a flote es imponer la cadena perpetua para violadores, iniciativa que ha sido impulsada varias veces en el Legislativo desde 2008. Esta vez, el senador Mauricio Lizcano, del Partido de la U, será quien presentará la propuesta ante el senado. “La verdad es que este proyecto no tuvo trámite el semestre pasado y se hundió”, comentó Lizcano, quien propuso la cadena perpetua cuando salió a la luz pública el crimen atroz contra Yuliana Samboní, perpetrado por Rafael Uribe Noguera, hoy condenado a 51 años y 10 meses de prisión. En esta ocasión, el senador espera que el Congreso lo apruebe antes de junio: “Aunque tiene opositores, creo que este proyecto representa la única solución al gran problema y quienes cometan este crimen deben pudrirse en la cárcel. Es una propuesta sensata”. Desde que se presentó el crimen de Yuliana Samboní, la directora del Icbf, Cristina Plazas, respaldó la iniciativa del senador Lizcano: “Estos criminales, inhumanos, desgraciados deben estar toda la vida en la cárcel y no en la calle”. ¿Es la mejor medida? La cadena perpetua ha sido calificada como una medida “populista” por diferentes juristas. Uno de ellos es el constitucionalista Rodrigo Uprimny, quien aseguró que la medida “viola principios esenciales al Estado de Derecho” y, en el fondo, no ofrece mayores garantías para que los niños no sean víctimas de este problema. Otra propuesta que ha generado eco es la del senador Roy Barreras, que consiste en la castración química para violadores, lo que permitiría asegurar que no reincidan en un futuro. Nora Picasso, abogada del departamento de estudios de género de la Universidad de Los Andes, dijo que “en muchos países de Latinoamérica se ha visto el aumento de penas como una solución a diferentes problemas. Lo cierto es que medidas como la cadena perpetua no sirven para nada cuando las tasas de impunidad son tan altas. Son muy simbólicas, pero no hay un tema de educación de fondo que permita intervenir la violencia intrafamiliar, el acoso callejero y la violencia machista en general”. En el tema de la eficiencia de la justicia, la Fiscalía acepta que entre 2006 y 2016 se abrieron 34.571 casos que podrían ser considerados feminicidios, de los cuales 3.658 han presentado condenas. Los otros casos (cerca del 90 %) están impunes.
>> Leer más

El riesgo de corrupción no baja en la nación (mié, 26 abr 2017)
La Fiscalía, la Agencia Nacional de la Contratación Pública, el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y el Senado de la República, entidades que serán claves en la implementación del acuerdo de paz con las Farc, están en alto riesgo de corrupción. Así se desprende del último Índice de Transparencia de las Entidades Públicas, elaborado por la Corporación Transparencia por Colombia, el cual analiza el periodo enero 2015-abril 2016 y será presentado hoy en Bogotá. El estudio, financiado por la Unión Europea, recogió datos de 167 entidades gubernamentales (75 nacionales, 32 gobernaciones, 32 contralorías regionales y 28 municipios capitales), evaluando los peligros en temas de corrupción. Una de las conclusiones del reporte es que ninguno de los organismos analizados logró el nivel de Riesgo Bajo de corrupción. Transparencia alertó que la contratación pública sigue en deuda, pues en el orden nacional el 74 % se hace de forma directa, sin muchas garantías para la competencia. En el plano departamental y municipal, el empleo público fue evaluado con 52 y 48 puntos sobre 100, respectivamente. Esto se ve reflejado en que persisten grandes brechas salariales y que la mayoría de los trabajadores suelen ser contratistas. “Este pareciera un tema inamovible de clientelismo, es el punto de la gestión que más voluntad política requiere para ser reformado”, señala el documento, y aduce que los mecanismos para poner en marcha los planes anticorrupción son insuficientes. El docente y doctor en Administración Pública, Santiago Leyva Botero, explica que desde la Constitución del 91 se comenzó a ver de manera negativa a las burocracias públicas, condenando a las entidades que tuvieran muchos empleados de planta. La percepción se profundizó con la Ley 617 de 2000, que racionalizó el gasto público y fijó topes para las nóminas estatales. “Esto no resultó ser del todo positivo, pues detrás de los gastos en inversión empezaron a aparecer nóminas paralelas y contratistas que llevaban a cabo labores propias de los servidores públicos, sin sentido de pertenencia con la organización”, opina Leyva. los riesgos en las entidades nacionales Entre las entidades gubernamentales analizadas, la que tiene la más baja calificación es la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), adscrita al Ministerio de Hacienda. Obtuvo una calificación de 47,5 sobre 100, lo que implica que está en Alto Riesgo de corrupción (ver el gráfico). Se raja, según Transparencia, porque obtuvo una baja puntuación en “institucionalidad” (capacidad para lograr que sus funcionarios cumplan normas y estándares en procesos de gestión) y en el ítem de “control y sanción” (capacidad para generar acciones de control con procedimientos internos). La peor calificada después de la Uiaf es la Fiscalía General de la Nación (50,9), por aparentes debilidades en materia de control y sanción. Respecto a los Ministerios, los que tienen más riesgo de corrupción son los de Transporte y Justicia; y los mejores librados, el de Defensa y el de Comercio. La entidad con el menor riesgo de corrupción resultó ser la Superintendencia de Sociedades, conservando el honroso primer lugar en transparencia que obtuvo en la medición pasada (2013-2014). en el plano de las regiones hay deficiencia “El panorama continúa siendo preocupante para las gobernaciones en Colombia, puesto que son evidentes las debilidades en el desarrollo de espacios efectivos de rendición de cuentas; y los mecanismos de atención a la ciudadanía y la gestión del Talento Humano son deficientes”, afirma Transparencia en su informe. Las gobernaciones con la peor calificación fueron Chocó (30,2), La Guajira (41,7) y Guainía (43), registrando un nivel Muy Alto en riesgo de corrupción. Las mejores evaluadas fueron Antioquia (85,6), Meta (80,1) y Santander (79,2), con un nivel Moderado. El Índice de Transparencia también analizó las contralorías regionales. Señala que, de todas las entidades revisadas, son “las peores en acceso a la información”. La que tiene el menor riesgo de corrupción es la Contraloría del Huila (87,05); el mayor peligro ronda a la de Amazonas (34,55). riesgos en los municipios son elevados Se analizaron 28 capitales, excluyendo a Medellín, Bogotá y Cali. El estudio halló deficiencias en talento humano y en la relación con las ciudadanías. Puerto Carreño (35,4) y Santa Marta (37,7) tienen un riesgo Muy Alto de corrupción; Pasto (77,9) y Pereira (75,5) obtuvieron las evaluaciones más aceptables. El director ejecutivo de la corporación, Gerardo Hernández, manifestó que “los corruptos y el crimen organizado han encontrado en la administración pública un escenario de oportunidad para no solo capitalizar recursos económicos, sino para controlar el territorio y sus poblaciones”.
>> Leer más

Sin el fiscal Martínez, el senador Robledo hizo debate a Odebrecht (mié, 26 abr 2017)
El esperado debate entre el senador del Polo, Jorge Robledo, y el fiscal Néstor Humberto Martínez, sobre el manejo de las investigaciones en el caso Odebrecht, no se dio como se espera porque este último, finalmente, se excusó de no asistir al Congreso. Sin embargo, Robledo aprovechó su intervención para cuestionar la imparcialidad del fiscal y señaló que debió renunciar hace mucho tiempo. Según señaló Martínez en carta enviada al presidente del Senado, Mauricio Lizcano, como el cuestionario que envió Robledo tiene que ver con investigaciones en curso, se abstuvo de acudir al debate. En todo caso, señaló que el senador Robledo ya ha puesto en conocimiento de la justicia las dudas que este tiene sobre el fiscal y estimó que allí se definirán las controversias. “Es francamente reprochable acudir a la justicia y promover al mismo tiempo querellas políticas, estratégicamente publicitadas, que lo único que buscan es interferir sus decisiones”. Martínez anexó un documento que llamó “Las Falacias del Debate”, en el que respondió a algunos de los cuestionamientos que ha hecho el senador Robledo para decir que no es cierto que deba impedirse de manera general para conocer las investigaciones sobre Odebrecht. Esto, porque de las 18 investigaciones que hay en el caso la única que ha llegado, hasta ahora, a su despacho es contra de las exministras Cecilia Álvarez y Gina Parody. Martínez explicó que tomó esta decisión debido a que como abogado en 2012 emitió un concepto jurídico sobre la vía Ocaña y Gamarra para establecer si era viable que la concesionaria Ruta del Sol II suscribiera una adición para la construcción de de dicha carretera. Sobre si la firma Martínez Neira Abogados asesoró a Navelena para el crédito de 120.000 millones solicitado al Banco Agrario, dijo que no es cierto y adjunto una certificación de esa entidad bancaria. Sobre el supuesto cierre sospechoso de la investigación por el caso del río Magdalena, destacó que esa investigación no se ha cerrado, que la Fiscalía adelanta dos procesos por el caso Navelena: la adjudicación del contrato del río Magdalena y el crédito del Banco, y señaló que solo hasta el 27 de enero se recibió la denuncia por irregularidades. Ante el cuestionamiento que se hace por el interés que tendría su hijo, Néstor Camilo Martínez, en el caso Navelena, el fiscal dijo que esto no es cierto y volvió a hacer referencia al certificado del Banco Agrario que dice que el concepto que este suscribió “no se encontraba referido ni tampoco soportaba el crédito aprobado por el Banco”. Además, el fiscal niega que ese Conpes haya beneficiado a la empresa Episol, del Grupo Aval, y señala que en ese Conpes no se aprobó el otro sí para la vía Ocaña-Gamarra, que fue aprobado por la ANI, y suscrito en marzo de 2014. Finalmente, sobre el trámite de las dos recusaciones que ha presentado el senador Robledo, el fiscal Martínez respondió que fueron respondidas el 16 y el 29 de marzo y que están en estudio en la Corte Suprema de Justicia.
>> Leer más

Gobierno reitera que con las "bacrim" no negociará (mié, 26 abr 2017)
Aunque para el Gobierno Nacional son el “Clan del Golfo” (antes Urabeños o Clan de los Úsuga), la estructura armada ilegal que lidera Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, se autodenomina “Autodefensas Gaitanistas de Colombia” y en sus estatutos de constitución y régimen disciplinario afirman que una de sus intenciones es “estructurar un proyecto político de alcance y dimensiones nacionales que involucren todas las partes en conflicto, en busca de una salida política y negociada”. Sin embargo, el Gobierno no reconoce esa intención política de ese grupo armado y varios de sus funcionarios han confirmado que la única salida legal para los integrantes de esa estructura ilegal es el sometimiento a la justicia. El vicepresidente y general (r) de la Policía, Óscar Naranjo fue el último en reiterar esa postura. “Por ninguna razón habrá algún tipo de acercamiento o negociación política con ellos. El Clan del Golfo se quiere vestir hace años de autodefensas, pero son narcotraficantes. El único futuro que tienen es someterse a la justicia o enfrentar la persecución policial y militar, que ya se volcará a combatirlas porque no tienen que preocuparse por las Farc. La justicia prevé herramientas para el desmonte de organizaciones”, afirmó el vicepresidente. Para Jorge Giraldo, decano de la facultad de humanidades de la Universidad Eafit, la negociación que pueda existir entre el Gobierno y las bandas criminales, en este caso el “Clan del Golfo”, no es “un asunto cerrado”. Para el académico, el compromiso adquirido por el Gobierno en el acuerdo de paz con las Farc de presentar un nuevo proyecto para buscar el sometimiento a la justicia de integrantes del crimen organizado, “podría funcionar con grupos del tamaño de la ‘Oficina’, pero no sabría decir si ese es el propósito de las Autodefensas Gaitanistas, porque hay que recordar que sus cabecillas tienen un origen político, incluso pertenecieron a organizaciones como el Epl y otros grupos paramilitares”. Sin embargo, Giraldo advierte que si el Gobierno no controla el crecimiento de esa estructura armada ilegal, que en algunas zonas del país tiene un importante control social, “esa banda criminal podría estar en condiciones para mejorar un poco las condiciones de sometimiento a la justicia. Ya hay un precedente con los grupos paramilitares y guerrilleros, entonces no es probable que exista un sometimiento como ocurrió con otros narcotraficantes como Pablo Escobar o los hermanos Rodríguez Orejuela. ¿Ya hubo acercamientos? Existen varios antecedentes en los que se comprobaría la intención de negociar una salida al conflicto por parte de los principales hombres del “Clan del Golfo”. Uno de esos hechos ocurrió tras la captura en 2015 de Abimael Coneo Martínez, alias Torta, considerado uno de los líderes políticos de esa banda criminal y, quien según la Policía, tenía 50 millones de pesos que le había dado “Otoniel”, para que le pagara un anticipo a un pool de abogados en Bogotá, que está planeando una estrategia jurídica para su grupo armado sea visto como una fuerza beligerante y no como narcotraficante. Otro de los antecedentes tiene que ver con un documento conocido en exclusiva por EL COLOMBIANO que fue incautado en una operación contra uno de los principales hombres del “Clan del Golfo” y en cual se formulan 10 puntos para adelantar la negociación con el Gobierno. Se trata de una carta, fechada el 26 de mayo de 2016, en la que un abogado le explica los términos a un cabecilla, tras una reunión sostenida el día anterior en Bogotá. Negociaciones o no, por el momento la orden del presidente Juan Manuel Santos es atacar con todas las capacidades del Estado a todas las bandas criminales, especialmente al denominado “Clan del Golfo”.
>> Leer más

Ayudas económicas de EE. UU. se reducirían (mié, 26 abr 2017)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está comprometido con su política “America First” (Estados Unidos primero), y por eso presentó al Congreso un plan que reduce drásticamente las ayudas que reciben los países en desarrollo, entre ellos Colombia. El recorte sería del 21% de los recursos anuales. La revista “Foreign Policy” dio a conocer el documento con el nuevo presupuesto, que tiene 15 páginas, en el que se detallan las inversiones en ayuda extranjera directa para 2018. Para Colombia, las ayudas se reducirán en 28.000 millones de dólares. Así las cosas, el país pasaría de recibir 133.000 millones de dólares a 105.000 millones por concepto de soporte económico. A siete países de América Latina se les eliminaría por completo la ayuda, según el presupuesto presentado por Trump. Venezuela, por ejemplo, pasaría de recibir 6.500 millones de dólares en ayudas a cero. También se eliminarían los 12.000 millones en ayudas que recibe Brasil; 20.000 millones que recibe Cuba; 2.000 millones que se destinan a Ecuador; 4.500 millones que van a Jamaica; 10.000 millones de Nicaragua y 8.151 millones de Paraguay. Según la publicación norteamericana, Trump también tiene intenciones de fusionar el Departamento de Estado con la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional (Usaid). Es importante anotar que el presidente presenta hoy su reforma fiscal, que quiere que sea uno de los puntos fuertes del inicio de su mandato, y que incluye ideas como simplificar las declaraciones o reducir impuestos sin desalentar el crecimiento. Trump aseguró la semana pasada que su proyecto de reforma ofrecería “quizás la mayor reducción de impuestos jamás vista”. Pero ir más allá de las meras reducciones de impuestos y reformar el conjunto del código fiscal, algo que no se hace desde 1986, promete ser una tarea compleja, según informó AFP.
>> Leer más

Las Farc deben entregar otros 40 niños (mié, 26 abr 2017)
Al revelar que para mayo se debe iniciar la última fase de la construcción de las zonas veredales y que los campesinos que habitan en estos lugares venderán sus cosechas para alimentar a los guerrilleros, el almirante Orlando Romero, delegado del Gobierno ante el Mecanismo de Monitoreo y Verificación del acuerdo de paz con las Farc, entregó un balance de lo que ha sido el proceso en el que están involucrados 6.804 exguerrilleros, según la ONU. En entrevista con EL COLOMBIANO, el oficial explicó cómo va la implementación de los puntos del acuerdo entre el Gobierno y las Farc. ¿Cuánto falta para que las zonas veredales y puntos transitorios de normalización de las Farc queden completos? “El mecanismo ha venido monitoreando el estado del avance de construcción de los campamentos, y a la fecha de hoy digamos que ya se cumplió la primera fase de los contratos de arrendamiento. Con relación a la fase dos que es la construcción de áreas comunes, cocina, bodegas, comedor, etc, se está verificando la entrega de esto en nueve sedes: La Plancha (Anorí), Vidrí (Vigía del Fuerte), Los Monos (Caldono), Pondores (Fonseca), San José de Oriente (La Paz), Charras (San José del Guaviare), Yarí (Macarena), La Pradera (Puerto Asís) y Carrizal (Remedios). La tercera fase es la que tiene que ver con la entrega de materiales para que se construyan los campamentos donde las Farc ponen el apoyo de los trabajadores, y el Gobierno, la asesoría técnica. Se hace tan pronto se entregue la fase dos, entonces, gradualmente, se entregarán los campamentos, el compromiso es que antes de terminar abril se tengan completas las 23 sedes, y no estarían listas Caño Indio (Tibú), Gallo, (Tierralta) y Las Brisas (Riosucio)”. ¿Cuál ha sido el mayor inconveniente en esas construcciones para que se tenga el retraso que hay? “Hay varias cosas, estamos hablando de zonas muy recónditas, donde hay grandes dificultades con las avenidas de aproximación, vías que están en muy mal estado, el invierno no ha ayudado, hemos tenido derrumbes, problemas con los contratistas, en algunas zonas los contratistas se han sentido presionados por hacer cambios que ellos no tenían contemplados, las Farc han venido pidiendo modificaciones a lo que ya tenían contemplado y, todo esto, ha generado una serie de retrasos múltiples, pero que ya en últimas el Gobierno se comprometió para entregar todo”. ¿Se ha cumplido el cese de hostilidades? “Cuando uno hace el balance desde el 7 de noviembre de 2016 a la fecha, lo que se puede decir es que no se han registrado violaciones graves que pongan en riesgo el cese al fuego; si hubo bastantes incidentes menores, algunos no constituyen violaciones, otros son incumplimientos. En el último balance de mes, se recibieron 24 solicitudes de verificación de incidentes de los cuales solo uno fue una violación leve”. Las Farc se han quejado mucho por los víveres que les han dado, ¿cuál es la verdad sobre los alimentos y otros elementos que está recibiendo la guerrilla en esa zonas? “En el último informe se hizo el monitoreo de cinco abastecimientos para los integrantes de las Farc, se encontraron casos como la llegada insuficiente de víveres. En algunas zonas las planillas no coinciden con el pedido hecho; en otras, se encontraron alimentos mal etiquetados. Para resolver esto, se decidió que las Farc van a tener un delegado que acompañará a la Misión a realizar las compras locales. La principal queja de esa guerrilla era que se debían hacer compras de esos víveres frescos en zonas locales para favorecer a los campesinos, a partir de este momento esas compras se harán de esa manera”. ¿Cómo va la entrega de menores de edad por parte de las Farc? “Nosotros hemos estado acompañando la salida de niños niñas y adolescentes. Ya se certificó la salida de 57 menores, y a inicios de la semana pasada se registró la salida de otros tres, para un total de 60 niños niñas y adolescentes que están por fuera de las Farc”. ¿Y cuántos faltan? “Se estima que deben salir otros 40 para terminar lo que se tenía programado”. ¿Ya todos los integrantes de las Farc cuentan con sistema de salud? “Es importante recordar que ya hay un registro de más de siete mil integrantes de las Farc afiliados al sistema de salud; sin embargo, el Ministerio de Salud ha venido ejecutando brigadas de atención a las personas que no tienen una emergencia. Se han tenido casos que requieren traslado a puestos de salud y ahí se presentaron inconvenientes para definir los pagos de alojamiento y alimentación para esos pacientes que se deben mover de las zonas. Ya se realizaron más 5.400 atenciones a los integrantes de las Farc y ya en 20 sedes se tienen médicos y enfermeros. El compromiso del Gobierno es dotar, antes de terminar abril, a todas las zonas con ambulancias y personal médico”. Sobre el desarme de las Farc... ¿ya se tienen cifras del armamento que se tiene en las zonas veredales y de las caletas que hay en otros sitios? “De esos compromisos sabemos que ya hay 140 armas de los integrantes de las Farc que hacen parte del mecanismo de monitoreo. Se espera conocer el almacenamiento de otras 320. Se van a entregar las armas del personal que será parte de la Unidad Nacional de Protección, unas 310; también se recogerán las armas del personal que hace parte del desminado, que son unas 17; del personal que hace pedagogía, que son aproximadamente 370; y el también se entregarán las armas de la gente que está encargada de la sustitución de cultivos. En total se estarán almacenando más de 1.000 armas de las Farc. Después de que se haga ese proceso, se estará haciendo un trabajo para identificar esas caletas donde hay armamento, esa búsqueda se iniciará a partir del 17 de abril. Ese trabajo es de Naciones Unidas”. ¿El trabajo de protección de las zonas veredales por parte de las Fuerzas Armadas ha servido para controlar riesgos? “Gracias al esfuerzo de más de 14 mil integrantes de las Fuerzas Militares y de 1.800 policías se ha venido cumpliendo con el cese al fuego. Lo que se puede decir es que la seguridad en esas áreas se ha venido cumpliendo sin mayores inconvenientes”.
>> Leer más

Propuesta de la Misión Electoral "ayudaría poco" (mié, 26 abr 2017)
Entre las recomendaciones que la Misión Electoral Especial (MEE) le entregó al Gobierno la semana pasada, encaminadas a lograr un sistema más transparente, un capítulo está dedicado a la financiación de las campañas. Según este informe debe seguir siendo mixta, pero menos dependiente de privados. Para esta comisión la lista abierta (voto preferente) es la responsable del aumento de los costos de las campañas, “lo cual es la puerta de entrada para fenómenos como la financiación ilegal, el subreporte de los gastos reales y la entrega de dádivas de los congresistas como retorno a sus financiadores bajo la forma de contratos fraudulentos, subsidios y otras prácticas lesivas para la democracia”. Actualmente, las reglas de distribución de los recursos estatales privilegian el criterio de fuerza electoral (80 %) y la personería jurídica (10 %) sobre las políticas de inclusión de mujeres (5 %) y los jóvenes ( 5%). Según la MEE los partidos mayoritarios se apropian de la mayor parte de los recursos del Fondo Nacional de Financiación Política. Por eso recomendó un 25 % del total del financiamiento por personería, un 55 % en función de las curules obtenidas en las corporaciones públicas, y un 20% por la presencia de jóvenes y mujeres. También sería entregado a los partidos el 50 % de los recursos de financiación antes del proceso electoral, como anticipo (40 % en base a resultados precedentes y un 10 % de manera equitativa). Después de elecciones se entregaría el resto, en proporción a los resultados obtenidos. Estudiar los costos: reto La MEE propuso, además, conservar los topes, pero pidió que el nuevo Consejo Electoral Colombiano (CEC) estudie su costos reales, no necesariamente para equiparar el tope con ese gasto, sino para fijar uno que promueva la rendición de cuentas más efectiva. También habría mayor inversión pública directa para financiar parcialmente la publicidad en medios de comunicación y subsidiar medios de transporte el día de las elecciones en las principales ciudades del país. El CEC deberá verificar la entrega de los soportes para comprobar la capacidad económica de los aportantes y la procedencia de los recursos de origen privado. Los reparos de académicos Según Jorge Iván Cuervo, docente de la U. Externado, no hay grandes cambios, porque ya existe el sistema mixto. “Lo nuevo es el anticipo del 50 %. Eso da margen de maniobra a los partidos, pero muchos seguirán escondiendo los recursos que recibirán de privados”. Para Jaime Alberto Carrión, docente de Política de la U. Nacional, resulta indispensable empoderar a la ciudadanía para que desarrolle controles y, desafortunadamente, la propuesta no lo contempla. John Fredy Bedoya, docente del Instituto de Estudios Políticos de la U. de Antioquia, destacó como positivo el control a la financiación y la participación del Estado, pero que primero se deben cerrar las listas, algo que propone la MEE, pero no ve posible ahora. El periodista y exministro Mauricio Vargas, en su última columna en El Tiempo, dijo que nada de lo que propone la Misión ataja la práctica del dinero debajo de la mesa, y que para acabarla, la reforma debe plantear que los empresarios que aporten estén obligados a reportarlo al CEC. Al respecto el viceministro del Interior, Guillermo Rivera, le dijo a EL COLOMBIANO que están analizando todas las ideas y que considera positivas las que contribuyan a un mayor control, para evitar financiación ilegal.
>> Leer más

Procuraduría se opone a referendo sobre la adopción gay (mar, 25 abr 2017)
La procuradora delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, Sonia Téllez Beltrán, afirmó este martes que el referendo no es el mecanismo idóneo para garantizar el derecho del niño, niña y adolescente a tener una familia. Insistió en que las mayorías no son las llamadas a definir la clase de familia que un niño, niña o adolescente declarado en adoptabilidad debe tener, porque no es un tema que pueda definirse en las urnas. Expresó que lo importante es garantizar el derecho de los niños y niñas a tener una familia, la cual puede estar constituida por “un padre, una madre, o una pareja”. Advirtió que “si lo que se pretende es garantizar la idoneidad física, mental, moral y económica de los que se postulan como padres adoptantes, ello solo puede hacerse caso a caso, después de los estudios y análisis propios de este proceso”. La procuradora asistió este martes a la Audiencia Pública sobre el proyecto “por medio del cual se convoca a un referendo constitucional y se somete a la consideración del pueblo un proyecto de reforma constitucional por la cual se consagra la adopción de menores solo por parejas conformadas entre hombre y mujer”, en la Comisión Primera Constitucional de la Cámara de Representantes.
>> Leer más

Debate sobre caso Odebrecht en el Senado (mar, 25 abr 2017)
Sin la presencia del fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, y la asistencia de los ministros de Interior, Juan Fernando Cristo; Transporte, Jorge Rojas; y Agricultura, Aurelio Iragorri, se cumple a esta hora en la plenaria del Senado el debate de control político sobre los escándalos de millonarios sobornos de parte de la empresa Odebrecht con los últimos dos gobiernos. Martínez, según reportó el presidente del Senado, Mauricio Lizcano, se comunicó con él para informarle que no estará presente en el debate, esto porque no hay norma que le obligue a asistir. El fiscal, de acuerdo al reglamento del Congreso, podrá asistir en condición de invitado únicamente. Sin embargo, sí envió las respuesta a las preguntas que le había formulado el congresista convocante. El citante del debate, el senador del Polo Democrático Jorge Enrique Robledo, al respecto sostuvo que “hubiera sido bueno que le diera la cara a Colombia... Lamentemos que le sacó el cuerpo a un debate serio”. En primer lugar el senador aseguró que el pago de esos sobornos finalmente lo pagan los colombianos con sus impuestos, porque, en su criterio, los 14 millones de dólares a los diferentes funcionarios los sacó la empresa inicialmente de su bolsillo, pero los recuperó con los contratos. Posteriormente, el senador del Polo Democrático sostuvo que el empresario y banquero Luis Carlos Sarmiento indicó que en su concepto sí supo que Odebrecht pagó soborno, esto al relacionar que ambos eran socios, entre otros en Navelena y la Ruta del Sol, sostuvo. “¿Odebrecht pagó todo el soborno?”, sostuvo Robledo en el debate, quien además planteó que Sarmiento Angulo sabía que tendría ganancias por 431.000 millones de pesos en los negocios que tenía como socios a la firma brasileña. Nuevamente el senador se preguntó sobre si puede existir imparcialidad del fiscal Néstor Humberto Martínez para investigar estas irregularidades, siendo que él fue asesor jurídico de las empresas del Grupo Aval en todos estos temas, “la plata corre por sus bolsillos, ¿la verdad la va establecer Martínez?”. “El bufete de Martínez tiene cinco contratos de asesoría por 3500 millones dólares con el Grupo Aval. Tres contratos de asesoría con la Ruta del Sol donde está Odebrecht y el Grupo Aval”, sostiene. En el debate además aseguró que los dineros que destinó Odebrecht a las campañas de Juan Manuel Santos y Óscar Iván Zuluaga favorecieron directamente también a Germán Vargas Lleras y al Carlos Holmes Trujillo.
>> Leer más

Fiscal Martínez le responde a Robledo sobre el caso Odebrecht (mar, 25 abr 2017)
El esperado debate entre el senador del Polo Democrático y el Fiscal General, Néstor Humberto Martínez, sobre el manejo de las investigaciones en el caso Odebrecht, no se dio porque este último finalmente se excusó de asistir al Congreso de la República. Lea: Robledo dice que el fiscal “le sacó el cuerpo al debate” sobre Odebrecht Según señaló Martínez en carta enviada al presidente del Senado, Mauricio Lizcano, como los cuestionarios tienen que ver con investigaciones en curso, debía abstenerse de acudir al debate. En todo caso, señaló que el senador Robledo ya ha puesto en conocimiento de la justicia las dudas que este tiene sobre el fiscal y estimó que allí se definirán las controversias. “Es francamente reprochable acudir a la justicia y promover al mismo tiempo querellas políticas, estratégicamente publicitadas, que lo único que buscan es interferir sus decisiones”. Martínez anexó un documento que llamó ‘Las Falacias del Debate’, en donde responde a algunos de los cuestionamientos que ha hecho el Senador Robledo para decir, en primer lugar, que no es cierto que deba impedirse de manera general para conocer las investigaciones sobre Odebrecht. Esto, porque “de 18 investigaciones, solamente la denuncia en contra de las exministras (Cecilia) Álvarez y (Gina) Parody ha llegado al despacho del Fiscal para su conocimiento”. Sobre si la firma ‘Martínez Neira Abogados’ asesoró a Navelena para el crédito de 120.000 millones solicitado al Banco Agrario, el fiscal dijo que esto no es cierto y adjunto una certificación de esa entidad bancaria, del 31 de marzo pasado, que dice: “El doctor Néstor Humberto Martínez Neira o la firma profesional que se denomina Martínez Neira Abogados no participaron en el trámite del crédito otorgado”. Igualmente, se indica en dicho certificado que la firma ‘MNA Abogados’ tampoco asesoró ese crédito y que un concepto suscrito por Néstor Camilo Martínez Beltrán, de dicha firma, estaba orientado a la estructuración financiera del proyecto “más no a la viabilidad o trámite del crédito, cuyo destino era la Etapa de Preconstrucción, que fue la que finalmente financió el Banco Agrario”. Se agregó que también rindieron concepto los abogados Jaime Bernal Cuéllar, Ricardo Hoyos, la firma Arrieta Mantilla y Asociados y Jaime Lombana Villaba & Abogados. Sobre el supuesto cierre sospechoso de la investigación por el caso del río Magdalena, el fiscal dijo que esa investigación no se ha cerrado, que la Fiscalía adelanta dos investigaciones por el caso Navelena: la adjudicación del contrato del Río Magdalena y el crédito del Banco, y señaló que solo hasta el 27 de enero se recibió la denuncia por irregularidades del crédito a Navelena. Ante el cuestionamiento que se hace por el interés que tendría su hijo, Néstor Camilo Martínez, en el caso Navelena, el fiscal dijo que esto no es cierto y volvió a hacer referencia al certificado del Banco Agrario que dice que el concepto que este suscribió “no se encontraba referido ni tampoco soportaba el crédito aprobado por el Banco”. El fiscal Martínez igualmente aseguró que como Ministro de la Presidencia no impulsó el Conpes 3817 de octubre de 2014 sobre la Ruta del Sol, tramo II, y para soportar su afirmación citó un certificado firmado por Luis Fernando Mejía, secretario del Conpes, del 5 de abril de 2017. “Revisado el sistema de gestión documental con que cuenta esta entidad, no fue hallado documento o antecedente alguno que permita inferir que en su calidad de Ministro de la Presidencia haya impulsado la aprobación del documento”, dice ese documento. Y sobre si debió apartarse de la aprobación de ese Conpes por ser miembro de la Junta Directiva de El Tiempo, el Fiscal Martínez aseguró que no es cierto, porque la Casa Editorial El Tiempo “no tenía interés en la vía Ocaña-Gamarra”. Además, citó un oficio de la Superintendencia de Sociedades señalando que la Concesionaria Ruta del Sol “no ha formado parte del grupo económico de Luis Carlos Sarmiento o del denominado Grupo Aval”. En las respuestas, el fiscal niega que ese Conpes haya beneficiado a la empresa Episol, del Grupo Aval, y señala que en ese Conpes no se aprobó el otro sí para la vía Ocaña-Gamarra, que fue aprobado por la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, y suscrito en marzo de 2014. Martínez enfatizó que en el concepto que rindió como abogado sobre la contratación de la vía Ocaña-Gamarra expuso que la Concesionaria Ruta del Sol no podría ser la constructora y que debía hacerse mediante licitación privada. En el documento, el Fiscal Martínez señala que no tiene porque abstenerse de investigar el caso Odebrecht por haber rendido ese concepto, porque en el caso de Ocaña-Gamarra se están investigando posibles sobornos, porque no tuvo participación cuando se adjudicó la vía en 2010, ni en el otro sí, ni tampoco en el contrato Tunjuelo-Canoas, adjudicado en la administración de Samuel Moreno. Sobre si Martínez ocultó una asesoría de 2010 a la concesionaria Ruta del Sol con gabelas y rebajas de impuestos, Martínez aseguró que tal cosa nunca sucedió: “Ninguna rebaja de impuestos se obtuvo para la concesionaria. Se estabilizó el impuesto de patrimonio contra una prima a favor del Estado”, dice el documento del Fiscal que agrega que el contrato de estabilidad jurídica no está siendo investigado. Martínez Neira además negó utilizar varias empresas para contratar y, así dificultar el seguimiento a sus negocios privados. En este punto, dijo que Martínez & Martínez Abogados, empresa creada en 2008, pasó a llamase Martínez & Martínez Inversiones Ltda., en agosto de 2014 porque él, como principal accionista, pasó a ser Ministro de la Presidencia. Indicó que Estudio Jurídico Martínez Ltda., creada en 2007, pasó a denominarse Ejumar Inversiones Ltda., por la misma razón. Y que Estudio Jurídico MNA Ltda., creada en 2014, pasó a llamarse Inversiones Formentera Ltda en julio de 2016 por su elección como Fiscal General. Y sobre que el Fiscal está utilizando de manera genérica la marca “Martínez Neira”, el fiscal adjunto una certificación de la Superintendencia de Industria que dice que no se encontró registro como marca de la expresión Martínez Neira Abogados. Finalmente, sobre el trámite de las dos recusaciones que ha presentado el Senador Robledo, el Fiscal Martínez respondió que fueron respondidas el 16 y el 29 de marzo y que están en estudio en la Corte Suprema de Justicia.
>> Leer más

Día de Colombia en Minnesota, Estados Unidos (mar, 25 abr 2017)
El estado de Minnesota (Estados Unidos) declaró el Día de la República de Colombia con motivo de la visita del embajador colombiano en Washington, Juan Carlos Pinzón, informó este martes la Presidencia. Pinzón, quien se reunió con el gobernador de Minnesota, Mark Dayton, y dirigentes políticos y empresariales, destacó la transformación de Colombia con la firma del acuerdo de paz con las Farc y las relaciones que mantiene su país con ese estado, según un comunicado de la Presidencia. Dayton, quien declaró el día del país suramericano, destacó “las relaciones comerciales y de inversión entre Colombia y Minnesota”, un estado donde residen alrededor de 5.000 colombianos. Además, resaltó que el presidente Juan Manuel Santos y el pueblo colombiano “recibieron el Premio Nobel de la Paz 2016 por sus esfuerzos por establecer una paz justa y duradera”. Pinzón destacó, por su parte, que para afianzar la paz “se necesita el compromiso de los líderes a nivel local, estatal y nacional en Colombia, y también el apoyo continuo de la comunidad global, incluyendo a los EE.UU., por medio de la iniciativa Paz Colombia”. Según el diplomático, con el Plan Colombia su país “se transformó notablemente y pasó a ser una de las economías más dinámicas del hemisferio”. “Y a través de Paz Colombia esos beneficios serán mayores aún y nos convertiremos en un aliado y en un socio económico aún más fuerte. Eso es bueno para Colombia y para Estados Unidos”, aseguró el embajador, al referirse a la nueva etapa del Plan Colombia. Ese acuerdo bilateral, que cumplió 15 años en 2016, se creó para luchar contra el narcotráfico y acabar con el conflicto armado en la nación andina.
>> Leer más

Eln libera secuestrados (mar, 25 abr 2017)
El Comité Internacional de la Cruz Roja, CICR, confirmó la liberación, por parte del Eln, de dos personas que estaban en poder de ese grupo guerrillero hace aproximadamente un mes en el departamento de Chocó. Se trata de una pareja de esposos, residentes en la ciudad de Pereira. “Nos alegra confirmar que hemos culminado satisfactoriamente esta operación humanitaria y que estas dos personas van a reencontrarse pronto con sus familias. Agradecemos la confianza que las partes involucradas han depositado en el CICR para llevar a cabo esta y otras misiones humanitarias en el país”, afirmó Anna Praz, jefa de la oficina del CICR en Quibdó. Le puede interesar: Paramilitares estarían ofreciendo plata a cabecillas de las Farc: Benedetti Según el CICR, el protocolo para la liberación de estas dos personas fue firmado en Quito, donde se adelantan las conversaciones de paz entre el Gobierno Nacional y la guerrilla del Eln. “En esta operación participaron representantes de tres de los países garantes del proceso de diálogo de paz entre el Gobierno colombiano y el Eln (Cuba, Ecuador y Noruega), representantes de la Iglesia Católica, la Oficina del Alto Comisionado de Paz de la Presidencia de Colombia y el Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas”, cita el comunicado de la Cruz Roja. Según informó el CICR, las dos personas liberadas se encuentran bien de salud.
>> Leer más

Procuraduría pide cerrar Johnny Cay (mar, 25 abr 2017)
La Procuraduría General de la Nación presentó cuatro intervenciones en los tribunales con el objetivo de proteger el derecho colectivo al ambiente sano de los habitantes del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. La primera petición tiene que ver con el islote Sucre, mejor conocido como Johnny Cay, un pequeño cayo a 1,5 kilómetros de la isla de San Andrés que es frecuentado por turistas. El organismo de control, a través de la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales, presentó una acción popular en la que pidió medidas para garantizar la seguridad, salubridad y medio ambiente sano, además de la reevaluación del ingreso de turistas y las actividades comerciales, informó la entidad en un comunicado. Como medida cautelar, la Procuraduría solicitó el cierre temporal o definitivo del Parque Nacional Regional Johnny Cay. Por otra parte, el Ministerio Público formuló una solicitud de desacato de la sentencia del 17 de febrero de 2014, que exigió el amparo de los derechos colectivos de los habitantes de Providencia y Santa Catalina y pidió la potabilización del agua del municipio. Otro incidente de desacato se instauró contra el gobernador de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, pues según la Procuraduría no ha hecho el debido seguimiento a la Oficina de Control, Circulación y Residencia (OCCRE), que se encarga del control poblacional de la isla. En ese sentido, el organismo había ordenado ejecutar un contrato de consultoría “para la elaboración de un proyecto que contenga un modelo de restructuración que modifique la estructura administrativa, definir la ampliación de la planta de personal; y que el organismo pudiera trabajar en condiciones de seguridad, salud y con espacios para garantizar la atención al público”. Por último, ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, se solicitó el desacato de la sentencia T-284 de 1995, emitida por la Corte Constitucional, que prohibe otorgar licencias de construcción en áreas protegidas dentro de la isla mientras no cuenten con redes de alcantarillado adecuadas.
>> Leer más

Paramilitares ofrecen plata a guerrilleros de las Farc (mar, 25 abr 2017)
En medio del debate sobre el proceso de paz que se realizó en la comisión primera del Senado, el congresista Armando Benedetti afirmó que grupos armados ilegales están ofreciendo dinero a guerrilleros de las Farc para que salgan de las zonas veredales transitorias de normalización y se incorporen a sus filas. “Los paramilitares han ofrecido hasta $1’800.000 a los guerrilleros rasos para que se incorporen en sus grupos. En el mismo sentido, a los comandantes de frente han llegado a ofrecerles hasta $10’000.000 para que también abandonen los campamentos temporales y hagan parte de esos grupos delincuenciales”, afirmó el senador. Armando Benedetti también cuestionó los incumplimientos por parte del Gobierno en la implementación de los acuerdos de paz con las Farc y afirmó que tras más de 150 días de la firma, “son pocos los avances en la materia”. “Paradójicamente es el Estado el que está más atrasado en la consecución de los términos pactados para cumplir con la seguridad jurídica, la seguridad física y la seguridad económica del acuerdo. Las zonas veredales no están listas y por ende no se pueden garantizar los procesos de reinserción en salud, educación y acompañamiento psicosocial”, afirmó el congresista. Hay GRAVES problemas en cumplimiento de punto de Fin del Conflicto. Hay problemas frente a seguridad jurídica, física y económica #OjoALaPaz — Armando Benedetti (@AABenedetti) 25 de abril de 2017 Por su parte, la senadora Claudia López también hizo críticas a los avances de lo pactado con las Farc y afirma que a 34 días de cumplirse el plazo del día D+180, “hay cumplimiento del cese bilateral del fuego y de hostilidades, se está cumpliendo con el proceso de dejación de más de 6.900 armas, pero también hay incumplimiento en la adecuación de las zonas veredales y el Estado no está copando el territorio dejado por las Farc”. Lo bueno, lo regular y lo malo del estado de implementación de los AcuerdosPazFarc a 34 días de que finalice el plazo D+180 #LaPazADebate pic.twitter.com/apVSXsLAze — Claudia López (@ClaudiaLopez) 25 de abril de 2017 La senadora también expresó su preocupación por la situación que viven los líderes sociales en el país y el programa de sustitución de cultivos de uso ilícito en varios departamentos.
>> Leer más

Incautan arsenal de clan del golfo (mar, 25 abr 2017)
En el corregimiento Cadillo, municipio de Tierralta, Córdoba, la Séptima División del Ejército y la Policía encontraron un arsenal que pertenecía a la banda criminal Clan del Golfo o los Urabeños. Según las autoridades, se trataría de la incautación de armamento más grande que se ha registrado en los últimos años contra esa estructura ilegal. Entre las armas incautadas hay un lanzacohetes RPG, que normalmente es utilizado contra vehículos blindados e incluso en algunos casos contra helicópteros. Aparte del lanzacohetes, también fueron encontrados dos ametralladoras M-60, una subametralladora calibre 9 milímetros, 14 fusiles de diferentes calibres, cuatro escopetas, una carabina, un lanza granadas MGL, tres morteros tipo comando de 60 milímetros, seis lanzagranadas de 40 milímetros tipo “Truflay”, repuestos para diferentes tipo de fusiles y más de 34 mil municiones de varios calibres. En este operativo que dio como resultado la incautación del armamento, las tropas de la Séptima División del Ejército y la Policía, también reportaron la captura de cuatro personas y el sometimiento a la justicia de otras dos, quienes aparentemente estaban encargadas de custodiar las caletas donde estaba el material bélico. “Con este resultado operacional, el más grande contra el Clan del Golfo en lo que va corrido del 2017, se afecta de manera directa y contundente las estructuras logísticas y criminales de este Grupo Armado Organizado que delinque entre Córdoba y Urabá. Así mismo, se ataca uno de los factores de inestabilidad que están contemplados dentro del Plan Estratégico, refiriéndose al tráfico de armas, municiones y explosivos”, cita el Ejército en el comunicado.
>> Leer más

Estafadores vendían falsas guacas de las Farc (mar, 25 abr 2017)
Una banda dedicada a falsificar billetes y piezas arqueológicas, y venderlas como si fueran guacas de las Farc fue desmantelada en Bogotá. El general Luis Alberto Pérez Alvarán, director del CTI, explicó que los delincuentes usaban dos modalidades para sus estafas. En la primera se hacían pasar por militares activos y contactaban a campesinos a los que les decían que se habían encontrado una guaca de las Farc y que querían venderla antes de que sus superiores los descubrieran. “Para hacer creíble la estafa, entregaban un billete original y una pieza supuestamente arqueológica que tenía una parte bañada en oro y la otra simulada. Cuando concretaban la venta, entregaban los billetes de 50 mil pesos envueltos en plásticos que estaban marcados con el sello de las Farc”, dijo. En la otra modalidad alquilaban fincas en Cundinamarca y Tolima y les decían a los vecinos que en medio de labores agrícolas habían encontrado una guaca con piezas y dinero, y que querían venderla. Un grupo de víctimas denunció la estafa ante el CTI y luego de varios meses de investigación, los agentes dieron con varias casas ubicadas en Soacha, Patio Bonito, Kennedy y La Victoria, en Bogotá. Allí encontraron una imprenta con la que falsificaban dólares y pesos colombianos, además de falsas figuras precolombinas, dos sellos con el logo de las Farc y dinero falso. Según el reporte oficial, encontraron 10,2 millones de pesos en billetes de 50 mil, así como 875 mil dinares iraquíes (equivalentes a 2,2 millones de pesos colombianos) y 2.500 dólares, todos en billetes falsificados. Seis personas fueron capturadas por estos hechos. Según el general Pérez, todas aceptaron su responsabilidad por el delito de falsificación de moneda.
>> Leer más

Muere tití pielroja por tráfico de especies en Colombia (mar, 25 abr 2017)
Cuando la pequeña tití pielroja llegó al Centro de Atención y Valoración de Fauna del Área Metropolitana (CAV), no podía caminar, padecía raquitismo, sufría de un prolapso rectal, tenía malformaciones óseas en sus extremidades y estaba tan desnutrida que los veterinarios no pudieron tomarle muestras de sangre. Las autoridades habían dado con su paradero en el municipio de Turbaco, Bolívar, cuando una joven que iba camino a Cartagena durante sus vacaciones de Semana Santa se topó con el animal y lanzó el grito de alerta al concejal de Medellín Álvaro Múnera. Lea aquí: 90 animales rescatados del tráfico ilegal volvieron a los bosques El concejal, los grupos animalistas de Cartagena, la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique (Cardique), la Policía Nacional, Avianca y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá lograron el rescate de la tití, que llevaba alrededor de un año en cautiverio. El animal fue trasladado al CAV del Área Metropolitana el pasado jueves 20 de abril y el equipo veterinario, liderado por la médica Marcela Ramírez, empezó de inmediato el tratamiento con analgésicos, antiinflamatorios, nebulizantes y alimentación por sonda. Sin embargo, los cuidados del personal del CAV, la tecnología y los medicamentos no fueron suficientes para salvar la vida de la tití, que sufrió daños irreversibles en su cautiverio, y finalmente su corazón se paró a las 11:00 a.m. del sábado pasado. “A la tití encontrada en una casa en el municipio de Turbaco le fallaron sus pulmones, sus riñones, su hígado y su corazón por no haberse desarrollado en su entorno natural, por haber ingerido alimentos que no correspondían a su dieta, por la falta de luz y de nutrientes, y por no haberse desplazado con libertad en un ambiente silvestre”, señaló el Área Metropolitana en un comunicado. La historia de la tití pielroja no es, por desgracia, un caso aislado. Se estima que el 80 por ciento de los animales que son víctimas de traficantes mueren en cautiverio, y de los que ingresan a la CAV a causa de los malos tratos y la desnutrición, el 8 % fallece. “Por cada animal que se muere, especialmente tratándose de hembras, hay muchos individuos que dejaron de nacer. Esto hace que la fauna silvestre esté cada vez más amenazada de extinción”, explicó la médica veterinaria Marcela Ramírez. El Área Metropolitana invitó a los ciudadanos a evitar que historias como la de la tití pielroja vuelvan a ocurrir: el llamado es a que no capturen, domestiquen o trafiquen animales silvestres. Siga leyendo: Combate al tráfico de animales y plantas, más fuerte en Semana Santa “Estos, al ser extraídos de su entorno natural, están en riesgo de sufrir mutilaciones, afecciones de la piel, escamas o mucosas, atrofias musculares, deformaciones esqueléticas o, en el peor de los casos, alteración de su comportamiento natural, lo que impide su recuperación definitiva y les quita el derecho a vivir en su hábitat”, aclaró la autoridad ambienta. En los tres primeros meses de este año, el Área Metropolitana recuperó 1.163 animales silvestres: 990 fueron entregados voluntariamente por sus captores, a 154 los encontraron en el espacio público y 13 fueron decomisados. Además, seis personas fueron capturadas durante esos operativos. Si usted conoce algún caso de tráfico y tenencia ilegal de fauna silvestre, comuníquese al número 3856000, extensión 127.
>> Leer más

Pastor Alape hospitalizado por malaria en Medellín (mar, 25 abr 2017)
El jefe de las Farc Pastor Alape estuvo hospitalizado por un cuadro de malaria que fue atendido en la clínica La María de Medellín. Fuentes del centro médico le confirmaron a EL COLOMBIANO que Alape fue dado de alta. Sin embargo, se espera que en el transcurso de la tarde la gerencia emita un comunicado ampliando detalles del caso. Victoria Eugenia Ramírez, secretaria de gobierno de Antioquia, explicó que Alape presentó un “caso de paludismo en un cuarto episodio”. Ramírez sugirió que el caso podría estar relacionado con un brote de esa enfermedad reportada en zona rural del municipio de Remedios. La alcaldesa de esa localidad, Lucía del Socorro Carvajal, dijo que hasta el pasado sábado tenían un censo de 300 personas contagiadas por la enfermedad, y este martes se tuvo noticia de 45 nuevos casos. “No es solo en la zona de concentración de las Farc. Es en toda la zona rural. El 95 por ciento de los enfermos son civiles y el otro 5 por ciento son integrantes de las Farc”, reportó la mandataria.
>> Leer más

Contraloría falló contra Coomeva EPS por malos manejos administrativos (mar, 25 abr 2017)
La Contraloría General de la República profirió fallo de primera instancia con responsabilidad fiscal por 38.866 millones de pesos contra Coomeva EPS, dos de sus exgerentes (Fernando Panesso Serna y Piedad Cecilia Pineda) y otras personas naturales y jurídicas involucradas en la destinación de recursos públicos de la salud para sufragar gastos administrativos. Dichos gastos están relacionados con el pago de honorarios, impuestos, arrendamientos, contribuciones y afiliaciones, seguros, servicios, gastos legales, mantenimiento y reparaciones, adecuaciones e instalaciones, gastos de viaje, libros, suscripciones y periódicos, música ambiental, elementos de aseo y cafetería, útiles, papelería y fotocopias, impresiones, combustibles y lubricantes, taxis y buses, casino de alimentos y restaurante y parqueaderos, entre otros. “De manera dolosa, se infringieron las normas que prohiben la destinación o utilización de los recursos de la seguridad social para fines diferentes a ella”, señala la determinación adoptada por la Contraloría y añade que el referido daño patrimonial se produjo por la disminución de los recursos parafiscales destinados a la prestación de los servicios incluidos en el Plan Obligatorio de Salud (POS), cuantía que tasó en 4.989 millones de pesos durante los meses de octubre a diciembre de 2007; y 22.872 millones de pesos durante el 2008, equivalente a 27.862 millones de pesos, cantidad que al ser indexada supera los 38.000 millones de pesos. Contra el fallo proferido por la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción de la Contraloría General de la República, proceden los recursos de reposición y apelación. Como medida cautelar, la Contraloría decretó el embargo de bienes inmuebles de los responsables fiscales, igual que la retención de dineros depositados en las cuentas bancarias de todos ellos.
>> Leer más

Abuso sexual en Soledad, Atlántico, y feminicidio en Bogotá (mar, 25 abr 2017)
Las autoridades policiales investigan dos posibles casos de violencia contra la mujer que ocurrieron en Colombia en los últimos días. El primero fue reportado el 18 de abril en Soledad, Atlántico, donde una niña de 11 años fue secuestrada y presuntamente violada en una zona rural cercana la central de Abastos. De otro lado, la Policía de Bogotá investiga el asesinato de Jennifer Cáceres, una mujer de 24 años que al parecer fue asesinada por su expareja. Lea aquí: En tres años, 30.503 niñas sufrieron abusos sexuales en Colombia En el caso de la niña de 11 años, la Policía señala que el violador habría intentado asesinar a la menor con un destornillador, sin embargo, la niña lo habría golpeado para emprender la huida. Uno de los vecinos que, según relató El Heraldo, escuchó a la menor, la ayudó a trasladarse hasta el CAI, donde la Policía le brindó atención. El ICBF confirmó que la menor se encuentra bajo acompañamiento de la entidad. Por ahora, la familia de la menor prefiere no entregar declaraciones para no obstaculizar la investigación. Hasta el momento, la Policía desconoce el paradero del presunto agresor. Lea aquí: “El silencio es el grito más grande del abuso infantil” En el caso de Bogotá, la Policía investiga el asesinato de Jennifer Cáceres, una mujer de 24 años de edad que al parecer fue asesinada por su expareja. El hombre, según las autoridades, habría asesinado a la mujer con un arma blanca. La Policía registró el caso a las 9 de la mañana de este lunes, después de que la comunidad denunciara el suceso. La mujer fue trasladada hasta el Hospital de Kennedy, donde falleció por dos heridas de pecho. El presunto asesino permanece retenido en la Unidad de Reacción Inmediata- URI- de Kennedy, donde será judicializado.
>> Leer más

Cayó alias Richard, cabecilla de "Los Rastrojos" (mar, 25 abr 2017)
La Armada Nacional capturó a alias “Richard”, uno de los cabecillas de “Los Rastrojos” en el departamento de Chocó. Oficiales de la Armada lo interceptaron cuando salía de Bahía Solano, municipio en el que controlaba las extorsiones, hacia Buenaventura. En un operativo de registro y control, integrantes de Infantería de Marina capturaron al sujeto, quien poseía un arma de fuego, 29 cartuchos, 743 mil pesos en efectivo y un teléfono celular. Lea aquí: Las amenazas de Chocó están en la selva y la urbe Alias “Richard” tenía orden de captura desde 2016, año en el que las autoridades lo encontraron culpable por el delito de homicidio. Además, tiene un proceso en firme por dos asesinatos en el transcurso de este año. Tras la captura, el sujeto deberá responder por los delitos de concierto para delinquir y porte ilegal de armas. De acuerdo con el expediente de la Armada, “Richard” era uno de los cabecillas con más extorsiones a cuestas, generando temor e intimidaciones en los comerciantes y dueños de hoteles en Bahía Solano, zona con alto flujo de turistas. El domingo pasado, el CTI de la Fiscalía, con apoyo del Gaula Militar, capturó a Wilson de Jesús Pérez de Alba, alias “Wilsito”, quien estaba al mando de “Los Rastrojos” en el área de Soledad, Atlántico.
>> Leer más

Ocupan bienes de presunto socio de Daniel El Loco Barrera (mar, 25 abr 2017)
La Dijín de la Policía Nacional y la Fiscalía adelantaron la ocupación con fines de extinción de dominio de once bienes muebles e inmuebles avaluados en 1.689 millones de pesos que pertenecían a Wilman Cepeda, alias ‘Andrés’, quien sería socio del extraditado narcotraficante Daniel ‘El Loco’ Barrera. Los bienes ocupados son dos fincas en Santana, Boyacá, así como cinco taxis en Bogotá, dos vehículos particulares y una sociedad. Cepeda fue capturado en el año 2009 en Colombia y extraditado a España por el delito de narcotráfico. Recuerde: Daniel “el Loco” Barrera se declaró inocente en Estados Unidos De acuerdo con la investigación, esta persona inició su actividad ilícita en España hacia el año 2001 y logró establecer nexos con la organización narcotraficante de Daniel Barrera para el envío de droga a Europa y para la producción de la droga conocida como 2CB. En España registra tres detenciones por los delitos de tráfico de drogas y estancia ilegal. El 23 de septiembre de 2004 fue solicitado en extradición por el Juzgado Central de Instrucción número uno de Madrid, por el delito de tráfico de drogas. Su captura se produjo en el 2009 en Bogotá, y fue extraditado a España en donde pagó una pena de 60 meses. No obstante, según las autoridades, una vez cumplió la tercera parte de la pena fue deportado a Colombia en el año 2011, situación que aprovechó para continuar con sus actividades ilícitas con la organización de Barrera.
>> Leer más

Robots colombianos ganan competencia en EE.UU. (mar, 25 abr 2017)
Dos robots creados por estudiantes y profesores la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior (CUN) ocuparon el primero y segundo lugar en el concurso Mercury Robotics Challenge, que se cumplió el fin de semana en la ciudad estadounidense de Oklahoma, informó la institución bogotana. “Este año ‘Yepao’ y ‘Socco’, los robots de la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior (CUN), ocuparon el primero y segundo lugar, respectivamente, del concurso Mercury Robotics Challenge, mientras que ‘Golem’ ocupó la cuarta posición”, indicó la entidad en un comunicado. Los estudiantes y docentes que participaron en el concurso, que se llevó a cabo el pasado 22 de abril, hacen parte de la Escuela de Ingeniería del programa de Ingeniería Electrónica de la CUN. Participaron 21 robots de universidades estadounidenses como Oklahoma State, Kansas State, Wets Virginia y Arkansas Tech. De la competencia también hicieron parte un robot del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey en México y otro del Instituto Federal de Educación, Ciencia y Tecnología (Brasil). Según la CUN, el robot “Yepao” obtuvo 220 puntos, de 220 máximos, mientras “Socco” se hizo con 204 unidades.
>> Leer más

Asesinato de líderes sociales: Human Rights Watch llama la atención al Gobierno (mar, 25 abr 2017)
La persecución y asesinato de líderes sociales en Colombia se está convirtiendo en un problema insostenible. Así lo considera la organización internacional Human Rights Watch, entidad que emitió un comunicado alertando al Gobierno por las muertes violentas de 156 líderes sociales en los últimos 14 meses. Lea aquí: Asesinato de líderes cayó en marzo: Óscar Naranjo José Miguel Vivanco, director Human Rights Watch para las Américas, le solicitó al Gobierno Nacional medidas efectivas para proteger a los defensores de derechos humanos, de tal manera que se pueda detener la oleada de homicidios en Colombia: “El Gobierno colombiano debería redoblar sus esfuerzos para proteger a defensores de derechos y activistas comunitarios e investigar los homicidios de activistas ocurridos en el país”. Según Vivanco, la implementación de los acuerdos de paz con las Farc representan una oportunidad “invaluable para restablecer el estado de derecho en zonas asoladas desde hace tiempo por la violencia y los abusos”. Las investigaciones de la organización señalan que los homicidios se han presentado, en su mayoría, donde las Farc tenían presencia militar y control del territorio. Lea aquí: Defensoría alerta por el asesinato de 156 líderes sociales desde 2016 El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, reveló que más del 60% de los homicidios se presentaron en zonas donde estaba las Farc. Por ejemplo, en municipios como Tumaco, El Bagre, El Tambo, Norosí y Caloto.
>> Leer más

Cifras de abuso contra menores en Colombia (mar, 25 abr 2017)
El feminicidio de Sara Ayolina Salazar Palacio, la niña de tres años asesinada y abusada sexualmente en Armero, Tolima, es solo uno de los 23 casos de abusos contra menores que se presentan cada día en el país, según estadísticas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf). La directora de la entidad, Cristina Plazas, admitió que el problema es preocupante, pues tan solo en los primeros cuatro meses de 2017 han recibido 2.500 denuncias por abusos contra menores. La cifra, aunque alarmante, puede representar tan solo un porcentaje de los casos que viven cientos de menores en Colombia. De acuerdo con el Instituto Nacional de Medicina Legal, entre enero y marzo de este año se han practicado 4.315 exámenes a menores de edad para determinar si hubo abuso sexual. Lea aquí: Armero volvió a llorar una tragedia: así fue el entierro de Sarita, la niña violada y torturada Las cifras de Medicina Legal demuestran que el problema de la violencia contra la mujer está lejos de resolverse, de hecho, hasta ahora se está dimensionando. Según el informe “Violencia de Género en Colombia. Análisis comparativo de las cifras de los años 2014, 2015,2016” la violencia intrafamiliar incrementó para las niñas entre 0 y 18 años, pues en 2014 eran 5.356 las niñas víctimas de este flagelo y, para 2016, 5.744. Otro dato del informe genera mayor preocupación: entre enero de 2014 y diciembre de 2016 un total de 30.503 niñas sufrieron abusos sexuales. Tras conocerse el caso de Sara Ayolina Salazar, la Procuraduría General de la Nación reveló que “el 85% de las víctimas de violencia son mujeres o niñas, situación que indica que el género es una de las razones de este tipo de violencias”. Lea aquí: “El silencio es el grito más grande del abuso infantil” La delegada para la Defensa de la Infancia, la Adolescencia y la Familia de la Procuraduría General, Sonia Téllez, fue contundente al señalar que las cifras develan, además de un complejo panorama de violencia contra la mujer, una debilidad institucional tanto en las alcaldías como en el Gobierno. Carrillo llamó la atención a las administraciones municipales, pidiéndoles “que entiendan la responsabilidad que tienen frente a la protección de los niños y niñas, adolescentes y mujeres, especialmente en el apoyo que deben brindarle a las Comisarías de Familia”. Según Téllez, “el presupuesto no puede ser excusa para seguir dejando a nuestros niños, niñas y mujeres desprotegidos”, teniendo en cuenta que “en muchos entes territoriales las comisarías no cuentan con un equipo interdisciplinario apropiado para abordar las distintas situaciones de violencia que se evidencian, entre otros, en el ámbito familiar”.
>> Leer más

Incendio por desalojo de barrio de invasión en Bogotá (mar, 25 abr 2017)
Un operativo de desalojo en el barrio Bilbao, de la localidad de Suba, en Bogotá, donde habitaban cerca de 1.500 familias en 350 predios, terminó este lunes en un grave incendio que dejó trece personas lesionadas. Según el centro Regulador de Urgencias y emergencias (CRUE), entre los heridos están tres mujeres resultaron heridas, entre ellas una mujer embarazada, así como un menor de edad y dos hombres, quienes tuvieron que ser trasladados al hospital de Suba por la inhalación de humo. Las autoridades de Bogotá indicaron que el hecho se habría registrado por los mismos habitantes de la zona, quienes prendieron fuego a algunas viviendas con el fin de que no se descubriera la droga que allí se encontraba depositada y que había sido denunciada. En medio del operativo también se presentaron enfrentamientos entre los habitantes del sector, quienes serían exhabitantes del Bronx y estarían sembrando el terror y el microtráfico en la zona, y miembros de la Policía Metropolitana de Bogotá. Hasta el momento, las autoridades tienen cuatro personas capturadas, quienes serían los principales responsables de prender fuego en las viviendas. El secretario de Gobierno de Bogotá, Miguel Uribe, aseguró que la intervención de la zona, en conjunto con el departamento administrativo de la Defensoría del Espacio Público y la Alcaldía Local de Suba, era una “prioridad”, teniendo en cuenta la situación de seguridad. Además, indican que esta invasión, que empezó desde finales del año pasado, se estaba generando un gran riesgo por encontrarse muy cerca de la ribera del río Bogotá y que estaban retirando parte de las barreras para evitar inundaciones en la zona ante una posible creciente del afluente. Uribe recordó que desde el pasado 13 de marzo se les solicitó la restitución integral y evacuación voluntaria del espacio público del polígono, pero estas personas hicieron caso omiso de la petición y continuaron asentados en el lugar.
>> Leer más

"El silencio es el grito más grande del abuso infantil" (mar, 25 abr 2017)
El impacto de la noticia de la violación de una bebé de cuatro meses, por un soldado, y el abuso sexual y posterior asesinato de una niña de tres años, llevaron ayer a la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Cristina Plazas Michelsen, a expresar que esto es una vergüenza para nuestra sociedad, a pedir que los hechos no queden en la impunidad y a ratificar su propuesta de cadena perpetua para quienes cometan estos crímenes. Sara Yolima Salazar. Así se llamaba, según lo dijeron las autoridades, la niña que vivía en zona rural de Guayabal Armero, Tolima, y que no pudo ser salvada por los médicos que la atendieron. Su nombre remite al de Yuliana Andrea Samboni, en Bogotá, cuyo reciente asesinato y abuso aún está fresco en la memoria colectiva de un país en el que el maltrato y cruel muerte de los niños tiene estadísticas escalofriantes. En lo corrido del año, según Cristina Plazas Michelsen, el ICBF ha recibido más de 2.500 denuncias por abuso sexual contra menores de edad. Y Medicina Legal atendió, hasta marzo, 4.315 casos. El fenómeno es más aterrador. Con base en cifras de 2016 de Medicina Legal, María Paula Martínez, directora de la Save The Children Colombia, le dijo a este diario que cada hora llegan a Medicina Legal dos niños para ser evaluados por presunto abuso sexual, cada día tres son abandonados y en el mismo tiempo, también, dos son asesinados. Si las cifras de Save The Children mantuvieran su tendencia, eso significaría que, en lo corrido de 2017, más de 6.000 niños habrían padecido diversas formas de violencia: 5.520, como víctimas de abuso sexual, 345 abandonados y 230 asesinados. Los datos, reales o proyectados, tienen un problema: la poca denuncia y castigo. Ximena Norato Palomeque, directora de la Fundación Pandi, señaló que de los casos reportados a Medicina Legal al año, 6.000 a 7.000, ni el 30 por ciento se investiga. “Ese es un ejemplo de lo que ocurre todos los días, en todos los estratos sociales y en todos los municipios: Hoy van a entrar a Medicina Legal 52 niñas y niños por presunto abuso sexual”. ¿Qué hacer? Para Ximena Norato Palomeque, “lo primero que tenemos que hacer como país es que la Justicia opere. Es que los casos de abusos sexuales contra niños, niñas y adolescentes se quedan archivados. Mientras un delito no sea judicializado y castigado de manera ejemplar, los perpetradores seguirán pensando que lo pueden seguir cometiendo impunemente”. Adicionalmente, consideró que es preciso educar a los hombres y mujeres en los derechos sexuales y reproductivos. Enseñar que “niños y niñas no son cosas y que los golpes no pueden ser vistos como parte de las herramientas educativas, menos frente a los niños, que son vulnerables y dependen de nosotros económica y emocionalmente”. Consultada sobre experiencias internacionales útiles para tratar con estas formas de violencia, María Paula Martínez destacó el caso de El Salvador, en donde se hacen grandes campañas contra el castigo físico, que sirve para prevenir la violencia intrafamiliar. Así mismo, llamó la atención sobre experiencias de países como Suecia y Noruega, que trabajan fuerte la sensibilización para que la sociedad rechace este tipo de abusos contra los niños. En su concepto, el punto de partida tiene que ser que “los niños y niñas son nuestro tesoro más grande”. Luz Amalia Botero Montoya, directora de la Fundación de Atención a la Niñez (FAN), recordó que en el 80 por ciento de los casos, “el abusador está en el portarretrato”, o sea es familiar o amigo. Por eso, su mensaje central apuntó a que quienes cuidan a los niños extremen cuidados y estén atentos a los indicios. El más potente de ellos, según dijo, es el silencio: “este es el grito más grande de un abuso”. Para mayor ilustración, es el niño o niña, alegre, que se vuelve callado. Pero, también, son las infecciones urinarias que depronto aparecen. Es el pudor repentino o temor de los menores de edad a que les bajen sus interiores. Los miedos y terrores nocturnos. El retorno de las mojadas en la cama. Y hasta que dejen de comer. La clave es estar alerta y pedir ayuda calificada .
>> Leer más

Entierro de Sara Ayolina Salazar, la niña violada y torturada en Armero Guayabal, Tolima (mar, 25 abr 2017)
Juan de Dios Barragán a sus 53 años de vida, todos vividos en Armero Guayabal, ha tenido que presenciar dos hechos que marcaron la historia para él y su pueblo: la tragedia de 1985 cuando el volcán nevado del Ruiz desapareció el municipio y dejó más de 20 mil muertos; y el pasado lunes en el cementerio donde labora desde hace cinco años cuando sepultó al muerto número 61, la pequeña Sara Ayolina Salazar Palacios, asesinada, violada y torturada. Faltando unos minutos para las 9 de la mañana cuatro mujeres policías cargaron el féretro de ‘Sarita’ y caminaron por las calles para llegar a la iglesia y en el trayecto muchas personas se unieron y en medio del silencio, el llanto y la rabia arribaron al templo donde había una calle de honor hecha por uniformados y niños de algunos colegios quienes en sus manos tenían globos de colores. En el sermón, el sacerdote contó que Ruth Salazar, madre biológica de ‘Sarita’, es una mujer pobre y por eso decidió entregarla a los padrinos. El cura salió en defensa de la madre diciendo: “Ella no abandonó a la niña, se la dio a los padrinos y que sean ellos los que respondan”. Al término de la misa todos siguieron el camino al cementerio central, un lugar con falta de cuidado por parte de la Administración. Sin embargo, allí llegaron todas las personas, en promedio dos mil, entre ellas estudiantes de escuelas y colegios. Lee: Abusos y asesinato de niños prenden las alarmas en Colombia Los niños, los principales protagonistas de esta historia, pidieron pena de muerte contra los violadores y exigieron no más violencia contra ellos. Por eso, el clamor de Barragán fue igual al de todos: “que investiguen, porque no debe quedar impune este crimen”. Momento de tensión Algunas mujeres en medio de su enojo insultaron a Ruth Salazar, a quien le reprocharon el haber dejado a su hija. Salazar, llegó a la funeraria y se quedó de pie junto al ataúd. La progenitora dijo que entregó a su pequeña porque no tenía cómo sostenerla. Reveló que actualmente trabaja en una casa de familia y aseguró que tenía otros hijos, pero algunos no están con ella. Ante el riesgo que había contra ella, los policías que estaban en la funeraria pidieron un vehículo para llevarla a la Estación de Policía, donde la dejaron para evitar que le hicieran algo. Confirman causas de la muerte El director de Medicina Legal, Carlos Eduardo Valdés, reveló que la niña de tres años Sara Yolima Salazar, tenía múltiples señales de abuso sexual y maltrato infantil tanto reciente como antiguo. “El Instituto ha llegado a plena certeza de múltiples traumas antiguas, traumas recientes, relacionados todos sobre violencia sexual hacia la menor”, dijo. De acuerdo con Valdés, además, se encontraron signos claros de maltrato infantil, antiguo y reciente, así como un bajo peso y malas condiciones generales. “De esta manera el Instituto ha tomado todos los materiales de prueba y, en las horas de la tarde, por orden de la Fiscalía General de la Nación, se han tomado muestras biológicas a las personas que rodeaban a la menor Sara”, dijo. Valdés explicó que la causa de la muerte es un trauma craneano, derivado del maltrato infantil, y explicó que su muerte se considera un homicidio. “El trauma no fue producido por un golpe sino por maniobras relacionadas con zarandeo”, dijo Valdés. Habló el exesposo de la madre Al terminar la ceremonia en el cementerio, Luis Eduardo Velázquez y una de sus hijas, hermana de Sara Ayolina, hicieron una oración al frente de la bóveda. Velázquez, convivió por 12 años con Ruth Salazar, con quien tuvo tres hijos que actualmente tienen 17, 14 y 11 años de edad. En medio del dolor él manifestó: “Cuando vivía conmigo tuvo una relación con otro y quedó embarazada de una niña la cual críe hasta los 7 años y me la quitaron”. Según Velázquez, su expareja tiene ocho hijos. Salazar y Velázquez se separaron, y el padre dejó a los niños con su mamá. Cuando regresó a verlos -no precisó cuánto tiempo después- “los tenía flacos y enfermos, al preguntarle qué pasaba, me dijo que si quería que me los llevara”, contó el hombre. Velázquez, se quedó con dos niñas y un niño cuando estaban muy pequeños. Por lo anterior, el hombre rechazó que la mamá de sus hijos hubiera dicho que dejó a Sara por no tener recursos: “una mujer joven como ella podía trabajar”. Después de la separación, no supieron nada de la mujer por seis años. Lugar de los hechos Las puertas con candados y las luces de afuera prendidas, así encontró el diario “El Nuevo Día” la casa tres, de la finca El Limonar en la vereda La Joya, de Armero Guayabal, localizada a 10 minutos del casco urbano. En dicho lugar fue donde la pequeña vivió por un año con Ángela Johana Guerra, su madrina, y el compañero sentimental de Guerra. El aberrante caso se conoció en el hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué, el pasado viernes. En el centro asistencial los médicos descubrieron que Sarita, como la llaman, tenía un trauma craneoencefálico severo, lesiones en el cuerpo ocasionadas con un objeto corto punzante, avanzado estado de desnutrición y dificultad respiratoria. Al día siguiente, a la 1:30 de la tarde, Sara Ayolina Salazar Palacios dejó este mundo. Cuando el caso fue conocido por la Policía, fue creado un grupo especial que se desplazó a la finca donde hicieron un minucioso recorrido y pese a que habían lavado con límpido, los investigadores usaron un reactivo o químico hallando rastros de sangre en los cuartos y el baño de la residencia. Los padrinos de Sara y los tres hijos de dicha pareja fueron entrevistados. Sin embargo, se supo que en la declaración de Guerra y la de su esposo hubo contradicciones. Del mismo modo, fueron indagados la psicóloga de la comisaría, quien debía estar alerta ante el grave caso, el médico de turno del hospital de Armero, la mamá biológica y hermano de la fallecida. La menor tenía un antecedente médico en mayo de 2016 cuando fue trasladada al hospital del Líbano por infección de picadura de un animal, ojos morados, anemia severa, desnutrición y signos de maltrato físico, sin que se dejara un antecedente en la Comisaría de Familia.
>> Leer más

Antioqueños monitorean los ríos del Putumayo (mar, 25 abr 2017)
Con el fin de saber si en la cuenca alta de los ríos de Mocoa está lloviendo o no y así prevenir futuras emergencias; un equipo de técnicos del Sistema de Alerta Temprana del Valle de Aburrá, Siata, está monitoreando hace dos semanas las lluvias que caen sobre Mocoa. El rastreo es en tiempo real desde un computador en Medellín e inmediatamente se pueden emitir las alertas para poder realizar futuras evacuaciones. ¿Cómo funciona? ¿cómo llegó el Siata a Mocoa? La explicación la tiene Jaime Enrique Gómez, subdirector del Dagrd y coordinador del grupo de antioqueños que hizo presencia en Mocoa, quien explicó que se instalaron los mismos equipos que se tuvieron en Salgar, Antioquia, y que ahora lo que se requiere es el apoyo de la comunidad para que las alertas funcionen. “Viajamos cinco técnicos con el fin de instalar todos los equipos. Se llevaron dos pluviómetros, una estación meteorológica completa y dos sensores de nivel de río. Con esto lo que conseguimos es tener identificación, en tiempo real, de si está lloviendo o no en la parte alta de las cuencas afectadas. En ese sentido, si tenemos una precipitación en la parte alta pedemos crear las alertas para las personas que están viviendo cerca al río”. Indicó que los pluviómetros están ubicados en las quebradas Taruca y Taruquita; la estación de meteorología está ubicado en el comando de Policía de Mocoa y los sensores están en los ríos Sangoyaco y Mulato. Indicó que aunque tener los equipos ubicados es muy importante, se destaca el componente social y especialmente el cómo socializar el tema con la comunidad. “Queremos que los habitantes de la zona tengan claro hacia dónde evacuar, definir unas rutas de evacuación, unos puntos de encuentro y en esto tenemos el respaldo de la Alcaldía de Mocoa y la Defensa Civil”. Señaló que los equipos que se instalaron en Salgar ya fueron retirados y que lo que están buscando es realizar un convenio con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Ungrd, para instalar estos sistemas y dejarlos permanentemente en las zonas de riesgo. Monitoreo en 12 puntos El Gobierno Nacional detectó desde el día de la tragedia de Mocoa, una docena de puntos que deben estar bajo permanente monitoreo. En ese sentido, el ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo, dijo que se realizarán en los próximos días unas encuestas socio ambientales en las partes altas y medias de las micro cuencas de las quebradas Taruca, Taruquita, Conejo, Almorzadero, San Antonio y Mulato, con el fin de identificar en términos sociales y ambientales, las afectaciones en las zonas rurales de las cuencas mencionadas y, posteriormente, diseñar estrategias para la gestión adecuada de estos territorios. Además, Corpoamazonía ha informado que a finales de abril se integrarán a la Mesa Técnica Ambiental 5 expertos, de la Universidad de Los Andes, que llegarán para realizar una zonificación más detallada de los posibles eventos que puedan ocurrir.
>> Leer más

Partidos minoritarios presentan propuesta a Santos (mar, 25 abr 2017)
Directivas y delegados de la Alianza Verde, el Polo Democrático, el Mira, la ASI, la Unión Patriótica, Opción Ciudadana, el Mais, Fuerza Ciudadana, Compromiso Ciudadana (fajardismo) y 19 congresistas realizaron una cumbre para pedirle al presidente Juan Manuel Santos corregir o implementar algunas propuestas en la reforma política. Según Antonio Sanguino, presidente de la Alianza Verde, las normas para facilitar la llegada de la guerrilla a la actividad política legal, no pueden significar un cierre del sistema político. “Los votos que saquen las Farc no se los van a quitar a los partidos tradicionales, sino a los alternativos”. El senador del Polo Democrático, Iván Cepeda, manifestó que pidieron, a través de una carta, que las fuerzas políticas minoritarias puedan realizar coaliciones para Congreso, la reducción al 2 % para la distribución de curules en el Senado y que se mantenga el régimen mixto de listas cerradas y voto preferente. De igual manera, solicitaron que se garantice la personería jurídica independiente del umbral, ampliar las condiciones de igualdad en la financiación estatal, garantizar la consulta previa e implementar el voto electrónico. Mañana, los delegados de estas fuerzas políticas tendrán una mesa de trabajo con el Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo.
>> Leer más

Instituciones rechazan crear una Corte Electoral (mar, 25 abr 2017)
De las múltiples propuestas que presentó la Misión Electoral Especial (MEE) al Gobierno la semana pasada, para reformar el sistema político, la que más ha generado rechazo es la de crear una Corte Electoral (CE), que haría parte de la rama judicial. Mauricio Lizcano, presidente del Senado, afirmó que sería crear un cuarto poder y pondría en riesgo la democracia. Precisó que le presentó la inquietud al presidente Juan Manuel Santos, pero que no sabe si le van a ser caso o no. “No es que esto nos vaya a llevar a ser Venezuela, sino que es el modelo de ese país, el de Ecuador y México. Quedaría con las funciones de la sesión quinta del Consejo de Estado, de la Procuraduría (pérdida de investidura), de la Contraloría (fiscalización), y, además, puede judicializar los partidos. Incluso, 30 días después de una elección podrán decidir si es válida o no”. Lizcano agregó que “arrodillaría” con su poder al ejecutivo y al legislativo. “Súmele lo que cuesta crear esa institución. Entonces vamos a crear una jurisdicción ordinaria, una jurisdicción especial para la paz, otra electoral... ¿cuántas cortes quieren crear en este país? Es una locura”. La CE estaría integrada por siete abogados con experiencia mínima de 15 años en asuntos electorales. Los elegirían, para periodos de ocho años, la misma institución, a partir de seis ternas enviadas por las cortes y una por el Presidencia. En el nivel regional tendría seis tribunales, cada uno con tres jueces. Aunque la MEE destacó que este sistema permitiría despolitizar la elección de los magistrados, puesto que hoy el Consejo Nacional Electoral está integrado por delegados de los partidos, para Lizcano el Consejo de Estado elige a sus miembros por cooptación (nominación interna), es autónomo y con funciones jurisdiccionales, pero este tribunal tendría origen político, porque serían ternados por el presidente y las cortes. ¿Cuál es el papel de esta Corte? Resolvería las demandas de nulidad de las elecciones, la pérdida de investidura y del cargo, decidiría las sanciones disciplinarias y declararía la pérdida o suspensión de la personería de los partidos o la privación de presentar candidatos para alguna elección. Consejo de Estado critica A través de un comunicado la Sala Plena del Consejo de Estado también rechazó la semana pasada la propuesta de creación de una nueva alta corte. “La creación de una costosísima alta corte con tribunales y funcionarios que se requerirían solo para épocas electorales, no tiene relación de conexidad alguna con el ‘Acuerdo para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera’ que busca fortalecer la participación política y ciudadana”. Para Felipe García, magistrado del CNE, la CE es un intento por judicializar la política. Cuestionó que se haya tomado el modelo venezolano, cuando el colombiano es superior, es más legítimo. “Asuntos como la personería jurídica de los partidos no pueden ser del resorte de la justicia sino de la administración. Ese es el mejor camino para eliminar la oposición política”. Académicos divididos El constitucionalista Andrés Úsuga dijo que no es que sea una propuesta “ inconveniente”, si no que la estructura estatal fue diseñada por la Asamblea Nacional Constituyente en 1991 y para modificarla debería hacerse mediante el proceso de un acto legislativo del Congreso y no por cumplir del punto 2 de La Habana, y menos vía fast track. Para John Freddy Marulanda, del Instituto de Estudios Políticos de la U. de Antioquia, es muy pertinente por la celeridad que requieren trámites electorales. “Muchas veces se declaran nulidad de elecciones ya cuando se están terminando los periodos. Permite despolitizar estas decisiones”. Según Andrés Felipe Bernal, de la Escuela de Política de la U. Sergio Arboleda, es interesante una corte alejada de los interés partidistas, pero le preocupa la concentración de funciones que tendría, pues terminaría asemejándose a otra rama del poder público. En Colombia ya existió una institución similar la cual fue eliminada en la Constitución de 1991.
>> Leer más

Estados Unidos extradita a Colombia a exdirector del DAS, Enrique Ariza (lun, 24 abr 2017)
Estados Unidos extraditó a Colombia al exdirector de inteligencia del extinto DAS, Enrique Ariza Rivas, para enfrentar cargos de tortura psicológica a una periodista, informó este lunes el servicio migratorio estadounidense ICE. Ariza, de 49 años, es acusado, junto con otros funcionarios del DAS, de “tortura psicológica agravada contra una periodista” y otros crímenes relacionados “con escuchas ilegales”, según un comunicado. “Llevar este criminal ante la justicia resalta que Estados Unidos y el ICE no permitirán que criminales se escodan detrás de nuestras fronteras, sin importar cuán importantes eran sus cargos”, dijo Maria Bjornerud, de la oficina de Orlando del servicio migratorio y aduanero. Ariza es solicitado por la justicia colombiana por su presunta responsabilidad en la tortura psicológica que sufrió durante años la reportera Claudia Julieta Duque y su hija menor de edad. La periodista, que tuvo que ser protegida con escoltas hasta que se refugió en España, ha acusado al DAS de espiarla entre 2001 y 2008, y de amenazar con asesinarla a ella y violar a su hija cuando ésta tenía 10 años. El origen de los hostigamientos se encuentra en las investigaciones que Duque llevó a cabo sobre el asesinato del también periodista y humorista Jaime Garzón en 1999, en las que denunció la implicación del DAS. Por el caso han sido procesados casi una decena de funcionarios del DAS y en 2014 el exagente Jorge Rubiano se declaró culpable. En la investigación contra Ariza en Estados Unidos participó la unidad de violaciones de derechos humanos y crímenes de guerra del ICE. El DAS, que dependía de la Presidencia, se vio envuelto bajo el gobierno de Álvaro Uribe en escándalos por la infiltración de los paramilitares y escuchas ilegales a magistrados de la Corte Suprema, opositores y periodistas que investigaban esos nexos. En medio de esos escándalos, el organismo de inteligencia fue disuelto por el actual presidente, Juan Manuel Santos, en 2011, tras 58 años de existencia.
>> Leer más

Interpretaciones judiciales, un obstáculo para la amnistía (mar, 25 abr 2017)
El 31 de diciembre de 2016, el Congreso aprobó la ley de Amnistía, Indulto y Tratamientos especiales, que, según el Ministerio del Interior, se encargará de “regular las amnistías e indultos por los delitos políticos y los delitos conexos para excombatientes guerrilleros que hayan firmado un acuerdo de paz con el Gobierno Nacional y hayan dejado las armas, así como adoptar tratamientos penales especiales diferenciados para agentes del Estado y terceros civiles”. Desde que entró en vigencia la ley, la Fiscalía ha tramitado 278 solicitudes de amnistía, de las cuales se pudo establecer que 192 pertenecen a las Farc, 4 al Eln y 82 aún no se ha logrado una identificación. Según el ente acusador, de las 192 solicitudes que sí son de las Farc, 52 ya tienen libertad inmediata, 24 han sido negadas y 22 están pendientes de decisión. Sin embargo, la ejecución de la ley ha tenido varios inconvenientes que impiden la libertad de muchos guerrilleros de las Farc. Uno de los problemas tiene que ver las diferentes interpretaciones judiciales a la hora de pedir el beneficio, como también la falta de capacidad que tienen los diferentes juzgados encargados de otorgar o negar la libertad de los insurgentes. Solicitudes negadas EL COLOMBIANO tuvo acceso a los audios de una diligencia judicial realizada el pasado 8 de febrero, en la que la abogada Olga Lucía Bernal García presentó, ante el juzgado 22 penal municipal de Medellín con función en control de garantías, una solicitud de libertad condicionada para Laura Rosa Cataño Serna, Jesús Arley Cartagena, John Jairo Cardona Correa y Carlos Albeiro Montoya Moreno, cuatro supuestos guerrilleros de las Farc quienes se encuentran privados de la libertad luego de ser capturados por las autoridades entre 2015 y 2016. “El día 22 de diciembre de 2015, la señora Laura Rosa Cataño y el señor Jesús Arley Cartagena, fueron capturados y puestos a disposición del juzgado noveno penal municipal y tras legalizarse su captura, se les imputaron los delitos de concierto para delinquir agravado y rebelión”, cita la defensora. Mientras que con John Jairo Cardona Correa, “su captura ocurrió en febrero de 2016 y fue puesto a disposición del juzgado penal 11 y se le imputó el delito de rebelión, y al señor Carlos Albeiro Montoya Moreno se le capturó en febrero de 2016 y ante el juzgado 31 penal municipal se le imputó el delito de rebelión y se le dio medida de aseguramiento domiciliaria”, agregó. Con esos antecedentes, la abogada argumenta que sus clientes se encuentran entre el grupo de personas que dicha ley beneficia con libertad inmediata si cumplen con requisitos como haber incurrido en el delito de rebelión y que haya sido cometido antes de la entrada en vigor del acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc. Por esa razón, la abogada Bernal, asegurando que las cuatro personas que representa en este proceso, “cumplen con todos los requisitos para ser beneficiados por la amnistía”, pidió de manera formal que el juzgado le “conceda esa libertad establecida por la ley”. Al escuchar los argumentos de la defensa de los acusados, la Procuraduría, representada por el señor José Luis Ochoa Escobar, expuso su posición sobre este caso y concluyó que aún hay muchos aspectos que no son claros con la ley de Amnistía. Sin embargo, una de las principales dificultades para estar de acuerdo con la solicitud de la abogada defensora, es que sus protegidos, a lo largo del proceso judicial, en ningún momento han aceptado pertenecer a las Farc y, por esa razón, el Ministerio Público se opuso a la solicitud de libertad. Por su parte, la Fiscalía, representada por la fiscal 37 especializada de la Unidad de Lucha contra el Terrorismo de Medellín, Alba Mónica Aragón Leal, también tuvo reparos frente al requerimiento de libertad para los procesados y, como lo dijo la Procuraduría, el ente acusador alegó que no tiene conocimiento de que haya existido algún reconocimiento por parte de las personas implicadas en este caso, “por el contrario hemos encontrado negación absoluta de pertenecer a las Farc. Es en ese sentido entonces que la Fiscalía considera que se debe tener esa reglamentación de todo ese tipo de asuntos que no son claros todavía para darle aplicación a esto”. Desde la Fiscalía se reconoció, para la época en la que fue realizada la audiencia, que por ser un tema tan “novedoso”, aún se está “a la espera de algunas directrices por parte del fiscal General, que hasta el momento no han sido dadas a conocer”, añadió la funcionaria. Ante todo esto, la fiscal 37 aclaró que el ente acusador “no es que esté en oposición a que se dé esta amnistía a los señores aquí investigados, de ninguna manera, es solo que para realizar un trámite jurídico para estas peticiones se debe contar con unas herramientas que no solo es la ley, sino la reglamentación de esa ley”. Después de escuchar todos los argumentos de la defensa, Ministerio Público y la Fiscalía, la judicatura tomó una decisión sobre la solicitud de la libertad condicional para los cuatro implicados: negarla. Tras conocer el dictamen, la defensa apeló la decisión. Un caso opuesto Otra historia es la que cuenta, Nelson Atehortúa Londoño, guerrillero del frente 36 de las Farc, quien en noviembre de 2016 fue sorprendido, en zona rural de Anorí, por soldados del batallón Bomboná cargando un morral en el que guardaba una pistola y un revólver con su respectiva munición y sin permiso para porte. Tras su captura, Aterhortúa Londoño fue llevado a un juzgado con función en control de garantías, se le legalizó la captura, se le imputó el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones y fue enviado a la cárcel de Bellavista. El pasado 28 de febrero, la Fiscalía General de la Nación, luego de una solicitud de libertad presentada por Sergio Guzmán Muñoz, abogado defensor del procesado, expuso al juez promiscuo municipal de Amalfi, una solicitud de preclusión de la investigación y libertad del subversivo. Según el ente acusador, al pedir el beneficio que otorga la ley de Amnistía, el abogado del guerrillero imputado presentó la siguiente documentación: “informe de la investigadora judicial de la defensa, el cual consta de 14 Folios y en el que se informa sobre las averiguaciones realizadas respecto al señor Atehortúa Londoño, de donde surge su pertenencia al Frente 36 de las Farc; video en donde alias Fichas y Alias Leonardo, cabecillas del Frente 36 de las Farc y que son identificados por este despacho como tales, reconocen y acreditan al señor Atehortúa Londoño como miliciano al servicio de esa organización guerrillera; acta de compromiso Amnistía de Iure suscrita por el imputado”. Consecuencia de lo sustentado por la defensa y la Fiscalía, el juzgado encargado del caso aceptó los argumentos y concedió la amnistía, o sea la libertad condicionada de Nelson Atehortua Londoño. La congestión en juzgados Según lo estipula la ley, los juzgados deben resolver en menos de 10 días las solicitudes de libertad que llegan de los mismos guerrilleros o sus defensores para ser beneficiados con la ley de Amnistía, lo que ha generado una inmensa congestión en los despachos que también tienen otras obligaciones con igual urgencia. “El Gobierno y el Congreso no han tenido en cuenta que nosotros tenemos que solucionar tutelas en los mismos tiempos y tenemos que resolver las solicitudes de libertad condicional, libertad por pena cumplida, prisión domiciliaria, entre otras. Son muchas cosas que también tienen prioridad y por eso a los jueces de ejecución nos resulta muy difícil poder evacuar esos procesos en tan poco tiempo, sencillamente no tenemos la capacidad”, afirma Nicolás Yepes, juez quinto de ejecución de penas y coordinador del Centro de Servicios de Ejecución de Penas de Medellín. Precisamente para ayudar a destrabar esa situación que se presenta en los diferentes juzgados, el Gobierno Nacional acordó con el Consejo Superior de la Judicatura la adición al presupuesto general la suma de 5.000 millones de pesos, “inicialmente con destinación a los centros de servicios de los juzgados de ejecución de penas del país para dar cumplimiento a los compromisos de paz, en especial para la aplicación de las amnistías de los miembros de las Farc”, declaró el ministro de Justicia, Enrique Gil Botero. El pedido de los juristas Ante las dificultades que se están generando con la ley de Amnistía y las diferentes interpretaciones que esta puede tener en la judicatura, la Comisión Colombiana de Juristas y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo le solicitaron a la Corte Constitucional, de manera separada, que fije algunos parámetros a la hora de entregar libertades condicionales tanto a integrantes de la guerrilla de las Farc como a agentes del Estado, en el marco de la Ley de Amnistía, indulto y tratamientos penales especiales. En concepto enviado a la Corte que estudia la Ley y el decreto que la regula, ambas organizaciones coinciden que, en términos generales, la amnistía debe avalarse, pero piden fijar algunos condicionamientos. La Comisión considera que la concesión de libertad condicional a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos y graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario, delitos no amnistiables, desconoce las obligaciones internacionales del Estado y rompe la coherencia del deber de investigar, juzgar y sancionar conductas contra la humanidad. Por su parte, el Colectivo de Abogados, apoyado el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, señala que, sobre las libertades transitorias y la renuncia de la acción penal para agentes estatales, no se fija ningún plazo para que estas personas comparezcan ante la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, CEV, y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, UBPD, para contribuir con los derechos de las víctimas. “En tal sentido, proponen que se fije un plazo razonable para comparecer de 6 meses, al cabo de los cuales, y en caso de no presentarse, los actores beneficiarios perderían el derecho a la aplicación de los beneficios del Sistema Integral”. Igualmente, estimaron que las libertades de personas para graves crímenes deberían otorgarse sólo si llevan ocho años presos, y no cinco como dice la Ley, y que se garantice que habrá una reparación integral. El Colectivo y Movice solicitaron a la Corte que tumbe el artículo 48 de la Ley de Amnistía que elimina los antecedentes penales de las personas beneficiadas con esta normatividad de todas las bases de datos, por estimar que vulnera el Acuerdo Final y los derechos de las víctimas en materia de no repetición. “En esa medida, la norma lo que está haciendo es subsumir todas las formas de responsabilidad fiscal, disciplinaria o administrativa a la responsabilidad penal, como si esta per se incluye las demás y su extinción de iure implicara la extinción de las otras. Por último, el numeral 5 elimina la responsabilidad del Estado de acudir ante el agente del daño a través de la acción de repetición o el llamamiento en garantía para exigirle que contribuya con su propio patrimonio a la reparación del daño por su conducta grave y dolosa”, dice el concepto. Por otro lado, para la Comisión Colombiana de Juristas, la Corte además debe ajustar el concepto de grave crimen de guerra ya que la ley solo reconoce como tales a aquellos que hayan sido cometidos de manera sistemática, para que se ajuste a los parámetros del derecho internacional. “El último inciso del artículo 23 de la ley vulnera obligaciones internacionales, siendo necesario que sea ajustado para incluir que la gravedad de un crimen debe ser analizada no sólo cuando el mismo sea cometido en forma sistemática, sino también estudiando su impacto, la manera de comisión, su naturaleza y la escala, a la luz del Derecho Penal Internacional”, dice el documento.
>> Leer más

Túnel de la Línea tiene recursos para terminar (lun, 24 abr 2017)
El Consejo Superior de la Policía Fiscal (Confis) aprobó la vigencia futura del próximo año para que las obras que restan del Túnel de la Línea se puedan terminar tras nueve años de construcción. Se trata de 133 mil millones de pesos, con los que se completan recursos por 249 mil millones “para contratar la ejecución del 12% de los trabajos que permitirán terminar las obras de Construcción del Túnel II Centenario y Segunda calzada Calarcá-Cajamarca, que estaban a cargo de la firma Unión Temporal Segundo Centenario (UTSC)”, según lo afirmó el Director General del Instituto Nacional de Vías, Carlos García Montes. Según el comunicado de Invias, ese instituto le había solicitado al Confis la aprobación de 144 mil millones de vigencias del 2018 para terminar estas obras, por lo tanto los 11 mil millones restantes para completar el presupuesto requerido de 249 mil millones. Según el cronograma emitido por Invias, después de la publicación de los pliegos y la audiencia de riesgos, la adjudicación de esta obra será el próximo 13 de junio. Las obras que “ahora deberá finalizar el nuevo contratista corresponden a: la construcción del túnel principal de 8,6 kilómetros y de las segundas calzadas en Quindío (9,35 km) y Tolima (8,91 km), que incluyen 20 túneles cortos y 24 viaductos”, cita el comunicado del instituto.
>> Leer más

Niegan tarjeta profesional a exparas que estudiaron en la cárcel (lun, 24 abr 2017)
El Consejo Superior de la Judicatura negó la inscripción como abogado y la expedición de la tarjeta profesional al exjefe de las autodefensas Edwar Cobos Téllez y a Juan Carlos Varón Timoté, quienes realizaron sus estudios en la Penitenciaría La Picota en Bogotá. La Judicatura confirmó la decisión adoptada por la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, considerando que la Corporación Universitaria de Colombia IDEAS no tenía la autorización del Ministerio de Educación para desarrollar el programa de derecho en esa cárcel. Los internos habían solicitado la inscripción como abogados y la expedición de la tarjeta profesional argumentando que tanto la Corporación Universitaria de Colombia IDEAS como el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), informaron en el 2011 sobre un convenio interinstitucional que suscribieron para estudios superiores de quienes se encontraban detenidos en el pabellón de Justicia y Paz de La Picota, razón por la cual estudiaron durante cinco años y cumplieron con los demás trámites exigidos por la Ley para obtener el título de abogado. La Judicatura enfatizó que para ser abogado el título debe ser reconocido por el Estado y en estos casos el Ministerio de Educación no otorgó el registro calificado respectivo, indicando que ni al Consejo Superior de la Judicatura ni a la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia les resulta viable realizar la inscripción como abogado y expedir la tarjeta profesional. “El Consejo Superior de la Judicatura advierte que la Corporación Universitaria de Colombia IDEAS tenía conocimiento de la no aprobación para ofrecer el programa de derecho en las cárceles, especialmente en La Picota de Bogotá, y a pesar de ello mantuvo el convenio interinstitucional Nº 074 de 2011 con el INPEC y finalizó el programa en el año 2016”, puntualizó la decisión.
>> Leer más

Niña violada y asesinada en Armero Guayabal, Tolima (lun, 24 abr 2017)
Un cruel caso de abuso sexual a una niña de tres años se habría registrado en zona rural de Armero Guayabal, en Tolima. La niña, que fue trasladada a las urgencias del hospital Federico Lleras Acosta, falleció el domingo hacia la 1:30 de la tarde, debido a un golpe en la cabeza. Teniendo en cuenta las características de este caso, las autoridades estarían frente a un hecho similar al de la menor Yuliana Andrea Samboní, que conmocionó al país en diciembre del año anterior. Así ocurrieron los hechos El viernes a las 10:30 de la mañana, Sara Yolima Salazar, habitante del sector conocido como La Palmera Joya, fue llevada al hospital Nelson Restrepo Martínez de Armero Guayabal por una mujer quien manifestó ser la persona encargada de su cuidado. Según su testimonio, Sara tuvo un accidente que le provocó un golpe severo en la cabeza, por lo que necesitaba atención urgente. Lea aquí: Juez dejó en libertad a hombre señalado de degollar a una niña en Aranjuez Allí, los médicos evidenciaron que la menor también registraba varios golpes y moretones en distintas partes del cuerpo y no solo en la cabeza, como dijo inicialmente la mujer. Además, sus signos vitales estaban débiles, por la que procedieron a estabilizarla. Teniendo en cuenta el grave estado de la niña, inmediatamente se inició el proceso de traslado hacia Ibagué, capital del departamento. Hasta ese instante, los galenos no notaron las señales de violencia sexual. “El médico priorizó el tema de la vida de la niña, en donde le tocó entubarla y buscar la remisión. A las dos horas de tenerla acá en el hospital se consiguió (trasladarla) a Ibagué. Y ya en la tarde-noche se conoció la noticia del presunto abuso de la niña”, contó Carlos Alfonso Escobar, alcalde de esta población. Una vez la menor llegó a la sede La Francia del hospital Federico Lleras Acosta, los doctores, además de confirmar el diagnóstico entregado por el centro hospitalario de Armero Guayabal, detectaron signos de la violencia sexual a la que fue sometida la pequeña de tres años, hecho que al parecer se venía generando desde hace tiempo. Asimismo, la paciente registró un cuadro de desnutrición avanzada. Siga leyendo: En Medellín fueron detenidos tres extranjeros por abuso sexual de niñas El Comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué, coronel Jorge Morales, indicó que junto a la Fiscalía seccional Tolima, comenzaron las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y aclaró que “la niña estaba bajo el cuidado de una persona a la cual se le había entregado desde hace aproximadamente un año, bajo la figura de custodia solidaria por parte de la Comisaría de Familia”. Desconocimiento de la comunidad Hace un año, Sara fue separada de su madre cuando la Comisaría de Familia intervino porque mostraba signos de desnutrición y maltrato. Una vez se evaluaron los hechos, la Comisaría optó por entregarle a la madrina de la niña la responsabilidad de su cuidado, persona que, al parecer, sería quien la llevó al hospital de Armero Guayabal. De manera extraoficial se conoció que la mujer que manifestó ser la cuidadora de la menor desapareció, por lo que las sospechas del crimen recaen sobre la familia que tenía su custodia. El mismo día, un soldado abusó de bebé de cuatro meses Un equipo psicosocial del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) fue designado para brindar acompañamiento a los padres de una bebé de cuatro meses de nacida, quien fue víctima de abuso sexual en el municipio Fuentedeoro (Meta) y cuyo victimario fue un soldado del Ejército. Según informaron las autoridades, Camilo Andrés Martínez Cardenal, de 19 años de edad y soldado regular del Batallón 21 Vargas del Ejército, habría aprovechado el momento en el que la madre de la niña se ausentó de su casa para abusar sexualmente de la menor. La directora general del ICBF, Cristina Plazas, invitó a crear un frente común por la niñez colombiana e insistió en la necesidad de instaurar cadena perpetua para abusadores de menores. Lea aquí toda la información sobre feminicidios en Colombia “No nos acabamos de reponer de la noticia sobre la trágica muerte de una niña de tres años abusada y torturada en Armero Guayabal, cuando conocemos de otro infame caso de abuso contra una bebé de cuatro meses de nacida. Por eso insisto en que Colombia se debe movilizar y pedir la cadena perpetua para los abusadores de niños. No más indiferencia”. Plazas Michelsen pidió a las autoridades investigar con celeridad, como en el caso de Yuliana Samboní. La Comisaría de Familia de Fuentedeoro inició el proceso de restablecimiento de derechos en favor de la bebé, quien fue remitida al Hospital Departamental de Villavicencio, donde recibe atención médica y el acompañamiento del ICBF. Según el ICBF en lo que va corrido del 2017 han recibido 2.500 denuncias de abuso sexual a menores.
>> Leer más

Red que desfalcó a las Fuerzas Militares (lun, 24 abr 2017)
El Ministerio de Defensa informó que ya fueron identificadas 22 personas que estarían involucradas en el desfalco de más de 6.000 millones de pesos en la regional Atlántico de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares. Por estos hechos ya la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría adelantan investigaciones. “Hasta el momento, gracias a las indagaciones realizadas por la Agencia Logística, se ha logrado identificar la participación, en esta presunta actividad ilegal, de 22 personas, entre las que se encuentran civiles y uniformados de las Fuerzas Militares”, señaló el Ministerio. En un comunicado, la cartera indicó que las indagaciones internas se iniciaron en diciembre de 2016 y que el presunto desfalco se realizó a través de cheques y trasferencias electrónicas que iniciaron en 2010. “La dirección de la Agencia Logística ya solicitó a la Fiscal Seccional N° 60 de Cartagena que realice lo más pronto posible la audiencia de imputación de cargos a las personas vinculadas a la investigación, y así continuar con el proceso que permita la judicialización de los presuntos responsables”, señaló el ministerio.
>> Leer más

Taxista ruso apareció en las playas de Litoral de San Juan, en el Chocó (lun, 24 abr 2017)
En una playa solitaria del Pacífico colombiano, a más de 12.000 kilómetros de su país natal, la brigada de Infantería Número 2 encontró al ciudadano ruso Sergey Donets, quien al parecer fue abandonado por unos lancheros cuando se quedó sin plata para pagarles. Donets, de 43 años, fue encontrado en la playa Togoromá del Litoral de San Juan, en el departamento de Chocó, y estaba en perfectas condiciones de salud, según pudo constatar el personal médico que lo atendió en el municipio de Docordó, dos horas después de su rescate. El hombre nació en Stávropol, una ciudad al suroccidente de Rusia, y trabaja en Moscú como taxista, según le dijo él mismo a un intérprete con el que habló por vía telefónica. A pesar de lo difícil que fue comunicarse con Donets, la Armada pudo establecer el impresionante viaje del ruso desde Moscú hasta una playa abandonada en medio de la selva de Colombia: El 26 de marzo de este año, Donets tomó un autobús que lo llevó desde Stávropol, en Rusia, hasta el Reino de Jordania, un recorrido de 2.400 kilómetros que tarda por lo menos 32 horas. Después, el ruso viajó en avión hasta Cuba y luego, por ese mismo medio, llegó a la capital de Venezuela. Pasó la frontera con Colombia en Cúcuta y de ahí, según dijo, siguió caminando hasta Bogotá. De la capital colombiana partió hacia Turbo, en el Urabá antioqueño, y siguió bajando hasta el departamento del Chocó, donde cogió una lancha que finalmente lo dejó abandonado en la playa de Togoromá. La Armada informó que Donets fue trasladado a Buenaventura, en el Valle del Cauca, donde Migración Colombia se encargará de enviarlo de vuelta a su país de origen. Identificado como Sergey Donets de 43 años, es el ciudadano ruso rescatado por #ArmadaColombia en #PacíficoColombiano @NoticiasRCN @NCValle pic.twitter.com/KMbo54vhgB — Armada Nacional (@armadacolombia) 24 de abril de 2017 Pero, ¿qué estaba haciendo un ruso en un lugar tan recóndito como Togoromá, una playa que solo frecuentan unos cuantos pescadores locales? Lo que Sergey Donets le dijo a la Armada fue que estaba en Chocó en plan de turismo ecológico, historia que no convenció a los militares. Para empezar, Litoral de San Juan no es un municipio turístico. De hecho, los mismos habitantes de la zona fueron los que alertaron a las autoridades sobre la presencia de un tipo rubio, que no hablaba ni jota de español, deambulando por las playas de su municipio. Según el coronel Héctor Restrepo, comandante de la Brigada de Infantería Marina que opera en la zona, las costas del Pacífico colombiano son, “por desgracia”, un lugar de tránsito para nacionales y extranjeros involucrados en negocios ilícitos como narcotráfico, minería ilegal y tráfico de especies. Además, no es el primer ruso que aparece en el Chocó. El miércoles de la semana pasada, el frente de Guerra Occidental del Eln informó que un ciudadano ruso que tenían secuestrado en la selva del Chocó escapó después de abrir fuego contra los guerrilleros y herir a cinco de los subversivos. El grupo insurgente aseguró que el 5 de noviembre de 2016, el Frente Guerrillero Cimarrón secuestró a Voskanyan Arcen Levoni, de nacionalidad ruso-armenio, cuando recolectaba ranas venenosas para traficarlas en el mercado internacional. El paradero de Arcen aún es incierto. ¿Podría tratarse de la misma persona? Es lo que intentan establecer los militares de la Infantería de Marina, que ya han encontrado algunas inconsistencias en el relato de Donets y en las fechas en que el ruso asegura haber entrado y salido de los países por los que supuestamente pasó. Aunque el coronel Restrepo dice que hay que dudar de las declaraciones del Eln, sí acepta que no es normal la presencia de más de un ruso en esa zona selvática del país. Así pues, la Armada ya inició una investigación para tratar de aclarar qué es lo que hace a Chocó tan atractivo para los europeos del Este. #ArmadaColombia rescata ciudadano ruso abandonado en playa de #Togoromá #PacíficoColombiano @BluRadioCo @rcnradio @elcolombiano pic.twitter.com/3V4N0RAzl6 — Armada Nacional (@armadacolombia) 23 de abril de 2017
>> Leer más

Armada no sabe si ruso sí escapó del Eln en Chocó (lun, 24 abr 2017)
El comandante de la Brigada de Infantería de Marina II, coronel Héctor Restrepo, aseguró que no hay certeza acerca de las versiones que señalan que el ciudadano ruso Voskanyan Arcen Levoni se le haya fugado al Eln, grupo guerrillero que lo tenía secuestrado desde el 5 de noviembre de 2016. “Esto es un comunicado del Eln y del cual no podemos en este momento dar plena certeza”, aseguró el oficial. Hasta el momento no se sabe quién es este ciudadano ruso, puesto que toda la información que se tiene al respecto proviene del Eln. De acuerdo con el Frente Guerrillero Cimarrón del Eln, Voskanyan Arcen Levoni fue secuestrado mientras “recolectaba ranas venenosas para traficarlas en el mercado internacional”. Lea aquí: El misterioso caso del taxista ruso que apareció en una playa del Chocó La información que da la guerrilla es que el pasado 19 de abril, cerca de Virudó, entre los municipios de Pizarro y Nuquí, el extranjero desarmó a un guerrillero y atacó a quienes lo trasladaban dejando a cinco subversivos heridos. En ese sentido, Voskanyan Arcen Levoni, quien iba a ser liberado, estaría en algún lugar de las selvas del Chocó, herido. Al respecto, el coronel Restrepo informó que la Armada puso en marcha varios operativos para dar con el paradero de esta persona. Al tiempo, en la playa de Togoromá, ubicada en el municipio de Litoral de San Juan en el Pacífico colombiano, fue hallado otro ciudadano de la misma nacionalidad, Sergey Donets de 43 años de edad, quien fue atendido y trasladado a Buenaventura. De este segundo extranjero se sabe que nació en Stávropol y que trabaja en dicho país como taxista. Según la Armada, Donets salió el “pasado 26 de marzo de Stávropol, en Rusia, hasta Jordania en autobús, de ahí tomó un vuelo hasta Cuba y luego otro hacia Caracas, Venezuela”. “Posteriormente, comenta que ingresó a Colombia por la frontera con la ciudad de Cúcuta y siguió caminando hasta Bogotá, luego a Turbo y Chocó donde, al parecer, abordó una lancha y como no tenía más dinero lo abandonaron en una playa, donde fue localizado por las tropas de la Armada Nacional que realizan operaciones en esta zona del país”, agregó la Institución.
>> Leer más

General Jesús Armando Arias Cabrales ya no quiere ir a la Jurisdicción Especial Para la Paz (lun, 24 abr 2017)
El general en retiro Jesús Armando Arias Cabrales, condenado a 35 años por la desaparición de cinco personas en la retoma del Palacio de Justicia, desistió de su intención de someterse a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal que acordaron el Gobierno y las Farc en Cuba para juzgar a los actores del conflcito armado. En carta dirigida al Secretario Ejecutivo de la JEP, Cabrales señala que “de manera consciente, libre y voluntaria expreso que dejo sin efecto la manifestación de acogerme a la Jurisdicción, contenida en el formulario No. 300673, suscrito el 30 de marzo de 2017”. Lea aquí: Palacio, Arias y Uscátegui firman acta para someterse a la Justicia Especial El general señala en la misiva que desea que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia siga revisando el recurso de casación que presentó su defensa, con la cual busca tumbar la condena impuesta. En todo caso, señala que una vez se expidan las normas y decretos que regulan la JEP y el Tribunal Especial para la Paz, analizará si se acoge o no al sistema. El excomandante de la Brigada 13 del Ejército fue hallado responsable por la desaparición de cinco personas: el administrador de la cafetería Carlos Rodríguez, Bernardo Beltrán Hernández, la señora que lavaba los platos, Luz Mary Portela León; el chef David Supes Celis y la guerrillera Irma Franco.
>> Leer más

Atracaron a Juan Alonso Baptista, el Gato, actor de Pasión de Gavilantes (lun, 24 abr 2017)
El actor venezolano Juan Alfonso Baptista, famoso por su participación en la exitosa novela Pasión de Gavilanes, fue atracado en plena zona rosa de Bogotá. Según reveló el programa La Red del canal Caracol, el actor llevaba una maleta con dólares y un reloj bastante costoso, objetos que le fueron arrebatados. Lea aquí: Los famosos que han sido víctimas de atracos en Medellín El hecho quedó registrado en una cámara de seguridad del local donde el artista intentó resguardarse sin éxito. En el video se ve a “El Gato”, como es conocido Baptista, forcejear con el ladrón mientras este le apunta con un arma y lo agarra por el cuello del saco. “No te hagas matar, gavilán”, fueron las palabras del atacante en el momento del hecho. Aunque Baptista intenta impedir el robo, el sujeto finalmente se lleva el maletín. Actualmente, el caso esta en investigación y según el mayor Wilson Preciado, miembro del cuadrante de la localidad de Chapinero, “pronto habrá resultados”.
>> Leer más

Captura de alias "el ruso", enlace de Otoniel con Alemania (lun, 24 abr 2017)
Aunque se hacía llamar con el alias de “el Ruso”, el ciudadano alemán Miro Niemeier Risvanovic no logró despistar a las autoridades colombianas, que lo capturaron en Cartago, Valle del Cauca, acusado de ser uno de los principales socios de alias “Otoniel”, máximo líder del “Clan del Golfo” (“Urabeños”). Esta captura la reportó este lunes la Policía Nacional e informó que se da en el marco de un operativo para desarticular una red de socios de “Otoniel” que movía toneladas de cocaína por Centroamérica. Al lado de “el Ruso” fueron capturadas otras once personas. Según da cuenta la Policía, el operativo se realizó simultáneamente en Chocó, Risaralda, Córdoba y el Urabá antioqueño, aunque Niemeier fue capturado en Cartago. Acorde a la investigación contra este hombre, nacido hace 35 años en Berlín, se dedicaba a comprar cocaína a pequeñas estructuras en toda Colombia y en coordinación con sus subalternos, la transportaba hacia Urabá, en vehículos acondicionados o correos humanos. “El acuerdo al que habría llegado “el Ruso” con “Otoniel”,-detalla el comunicado de la Policía- consistía en que el ‘Clan del golfo’ se encargaba de poner el estupefaciente al otro lado de la frontera, mediante grupos de 5 a 10 hombres, que conocían la región y a pie cruzaban las selvas del tapón del Darién. Mediante esta estrategia criminal, lograban transportar en cada viaje entre 15 y 20 kilos de droga”. Durante los 10 meses de investigaciones contra la operación de Niemeier fueron incautados 1,1 toneladas de estupefacientes, 196.211 dólares y dos vehículos. Además, se capturaron 25 personas en Colombia y Panamá. En el expediente de “el Ruso”, la Oficina Federal de Investigación Criminal de Alemania reportó anotaciones por hurto calificado, extorsión y lesiones personales, en hechos ocurridos entre 1996 y 2014.
>> Leer más

Desaparecidos por avalancha de Mocoa (lun, 24 abr 2017)
Un total de 69 personas continúan desaparecidas tras la avalancha que dejó 328 muertos a comienzos de abril en la ciudad de Mocoa, capital del Putumayo, según el último reporte oficial, divulgado este lunes. “La cifra de fallecidos es de 328 de los cuales 295 han sido entregados, y las personas desaparecidas ha disminuido a 69”, informó la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) en un comunicado. Vea aquí las fotos que revelan la magnitud de la tragedia en Mocoa El reporte cita datos entregados por el instituto de Medicina Legal al Puesto de Mando Unificado (PMU) instalado en Mocoa para atender la emergencia, que se desató entre la noche del 31 de marzo y la madrugada del 1 de abril por la crecida de tres ríos tras torrenciales lluvias. La semana pasada, el presidente Juan Manuel Santos había reportado durante una visita a Mocoa que el número de fallecidos era de 323, mientras que situó en 103 la cifra de desaparecidos. Siga leyendo: ¿Qué sigue para Mocoa después de la tragedia? La disminución de esta cifra se debe a que verificaciones permitieron determinar que varias de las personas reportadas como desaparecidas ya habían podido reencontrarse con sus familias, explicó el director de la UNGRD, Carlos Iván Márquez.. El responsable también detalló que los 33 cuerpos que no han sido entregados, aún se encuentran en proceso de identificación. Cerca de 45.000 habitantes de los 70.000 de Mocoa, capital del selvático departamento de Putumayo, resultaron afectados por la avalancha, según cálculos oficiales. El comunicado divulgado este lunes también informó que “continúan las acciones para la estabilización del municipio” de Mocoa, que incluyen trabajos sobre los ríos Mulato, Sangoyaco y La Taruca, que se desbordaron generando el alud, con el fin de encauzarlos nuevamente. Este fin de semana, el presidente Santos reveló que la temporada de lluvias ya deja en Colombia 360 muertos, incluidos los de Mocoa y otros 17 fallecidos la semana pasada en la ciudad andina de Manizales. El resto de muertes ocurrieron en emergencias en otros puntos del país.
>> Leer más

Alerta por abuso y asesinato de menores de edad en Colombia (lun, 24 abr 2017)
Violencia sexual y homicidios contra menores de edad marcaron el fin de semana en Colombia. En Antioquia una niña de 15 años fue degollada, en Cauca dos niños indígenas fueron asesinados por su padre, en Meta un soldado violó a una bebé de cuatro meses, en La Calera (Cundinamarca) una niña de tres años fue abusada al parecer por su padrastro y en Tolima, una niña de tres años fue violada, torturada y asesinada. La directora general del ICBF, Cristina Plazas, reveló que en lo corrido del 2017 han recibido 2.500 denuncias de abuso sexual de menores de edad. Por eso invitó a crear un frente común por la niñez colombiana e insistió en la necesidad de instaurar cadena perpetua para abusadores de menores. “No nos acabamos de reponer de la noticia sobre la trágica muerte de una niña de tres años abusada y torturada en Armero - Guayabal, cuando conocemos de otro infame caso de abuso contra una bebé de cuatro meses de nacida. Por eso insisto en que Colombia se debe movilizar y pedir la cadena perpetua para los abusadores de niños. No más indiferencia”. A Sara la torturaron Un cruel caso de abuso sexual a una niña de tres años se registró en zona rural de Armero Guayabal, en Tolima. La menor, que fue trasladada a las urgencias del hospital Federico Lleras Acosta, falleció el domingo hacia la 1:30 de la tarde, debido a un golpe en la cabeza. Según información oficial, Sara Yolima Salazar ingresó al centro hospitalario regional con un trauma craneoencefálico severo, heridas múltiples en pecho y espalda, también amputación de la punta del dedo anular izquierdo, levantamiento de la uña del dedo corazón de su mano derecha, un brazo partido, evidencias de haber sido abusada vaginal y analmente y desnutrición avanzada. Teniendo en cuenta las características de este caso, las autoridades estarían frente a un hecho similar al de la menor Yuliana Andrea Samboní, que conmocionó al país en diciembre del año anterior. Hace un año, Sara fue separada de su madre cuando la Comisaría de Familia intervino porque mostraba signos de desnutrición y maltrato. Una vez se evaluaron los hechos, la Comisaría optó por entregarle a la madrina de la niña la responsabilidad de su cuidado, persona que, al parecer, sería quien la llevó al hospital de Armero Guayabal. Wepe y Sek salieron con su padre y no volvieron Los organismos de socorro de Popayán, Totoró e Inzá confirmaron que encontraron muertos a los dos niños Wepe y Sek Rivera Parra, de 9 y 8 años de edad respectivamente, luego que Jhon Albert Rivera Ramírez, padre de los pequeños, confesara que los había dejado abandonados en el sector de Río Sucio, límites de las dos localidades del oriente caucano. El padre discutió el pasado viernes con la madre de los niños, y se los llevó. Según las autoridades, les dio un medicamento desconocido y luego los golpeó antes de enterrarlos en un hueco. En la tarde del sábado volvió a la casa de su expareja, la ultimó con un arma blanca e intentó lesionarse, pero los vecinos ingresaron hasta la vivienda y se lo impidieron. Rivera está la espera de ser cobijado con una medida de aseguramiento en centro carcelario, luego que un juez de control de garantías imputara, en un primer momento, el delito de feminicidio luego de legalizar la captura en flagrancia que adelantó la Policía al llegar a sitio de los hechos. Bebé de 4 meses sobrevivió al abuso Un soldado de 19 años, y quien es regular del Batallón 21 Vargas del Ejército Nacional en Granada (Meta), abusó sexualmente de una bebé de cuatro meses en el municipio Fuentedeoro, cuando se encontraba de permiso. Al parecer, el hombre abusó de la bebé cuando se encontraba en su casa y la madre de la menor había salido a la tienda. Al soldado, hoy capturado, se le imputó cargos por los delitos de acceso carnal violento agravado en concurso heterogéneo y tentativa de feminicidio agravado, los cuales fueron aceptados por el detenido. La juez ordenó su reclusión en el centro carcelario de Villavicencio. Niña degollada por su excuñado Una niña de 15 años de edad fue asesinada el pasado sábado en una vivienda del barrio Aranjuez, ubicado al nororiente de Medellín. Al parecer, el homicidio lo cometió el excompañero sentimental de la hermana de la víctima. Familiares de la víctima le contaron a EL COLOMBIANO que desde hace ocho meses la pareja había terminado, sin embargo por amenazas del hombre seguían hablando. El pasado viernes la mujer tomó la decisión de no continuar con la relación y fue a la Fiscalía a poner una denuncia, esto al parecer desató la ira del hombre. Un juez municipal con funciones de control de garantías de Medellín declaró ilegal la captura del hombre. La Fiscalía apeló la decisión.
>> Leer más

Soldado abusó de bebé en el Meta (lun, 24 abr 2017)
Un soldado de 19 años, y quien es regular del Batallón 21 Vargas del Ejército Nacional en Granada (Meta), abusó sexualmente de una bebé de cuatro meses en el municipio Fuentedeoro, cuando se encontraba de permiso. Por solicitud de la Fiscalía 14 Seccional del municipio de Granada, Meta, fue ordenada medida de aseguramiento consistente en detención intramuros. Lea aquí: Una niña de tres años fue violada, torturada y asesinada en Tolima Asimismo, se le imputó cargos por los delitos de acceso carnal violento agravado en concurso heterogéneo y tentativa de feminicidio agravado, los cuales fueron aceptados por el detenido. La juez ordenó su reclusión en el centro carcelario de Villavicencio. Al parecer, el hombre abusó de la bebé cuando se encontraba en su casa y la madre de la menor había salido a la tienda. ICBF condenó este y otro caso de abuso en Tolima Un equipo psicosocial del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) fue designado para brindar acompañamiento a los padres de la bebé. La directora general del ICBF, Cristina Plazas, invitó a crear un frente común por la niñez colombiana e insistió en la necesidad de instaurar cadena perpetua para abusadores de menores. Lee: Una niña de tres años fue violada, torturada y asesinada en Tolima “No nos acabamos de reponer de la noticia sobre la trágica muerte de una niña de tres años abusada y torturada en Armero Guayabal, cuando conocemos de otro infame caso de abuso contra una bebé de cuatro meses de nacida. Por eso insisto en que Colombia se debe movilizar y pedir la cadena perpetua para los abusadores de niños. No más indiferencia”. El caso de Armero al que hace referencia la funcionaria es el de una niña de tres años quien, al parecer, fue víctima de maltrato y abuso sexual. Plazas Michelsen le pidió a las autoridades investigar con celeridad, como en el caso de Yuliana Samboní. La Comisaría de Familia de Fuentedeoro inició el proceso de restablecimiento de derechos en favor de la bebé, quien fue remitida al Hospital Departamental de Villavicencio, donde recibe atención médica y el acompañamiento del ICBF. Según el ICBF, en lo que va corrido del 2017 han recibido 2.500 denuncias de abuso sexual a menores.
>> Leer más

Expresidente de Interbolsa, Rodrigo Jaramillo, libre en uno de sus procesos (lun, 24 abr 2017)
Por vencimiento de términos quedó en libertad este lunes Rodrigo Jaramillo, expresidente de Interbolsa y uno de los principales relacionados con el escándalo por el desfalco y la quiebra de dicha empresa. Así lo decidió un juez en Bogotá frente a un segundo proceso que le adelanta la Fiscalía por dos delitos relacionados con el escándalo. Vale anotar que Jaramillo se había declarado inocente en 2013 por las acusaciones de realizar operaciones no autorizadas y por el delito de concierto para delinquir, sin que exista aún condenas por estos hechos. Sin embargo, el excomisionista se encuentra actualmente pagando una prisión domiciliaria de siete años en Medellín por un primer proceso, en que ya fue condenado, por manipulación fraudulenta de especies y administración desleal dentro del caso Interbolsa. Frente a la sentencia conocida este lunes, el juzgado advirtió que la libertad de Jaramillo solo será efectiva cumpla las tres quintas partes de la sentencia de prisión domiciliaria, conocida en 2014. Vale recordar que Interbolsa era la principal comisionista de bolsa del país y conformaba sus activos con inversiones en filiales, de capital directas o vehículos de inversión y en tesorería. Su desplome llegó después de una serie de maniobras cuestionables sobre acciones de la empresa Fabricato, que llevaron a una situación financiera insostenible y a un descalabro que la puso en el ojo del huracán.
>> Leer más

Entrevista con el general Óscar Naranjo (lun, 24 abr 2017)
Muchos familiares y amigos se distanciaron del general (r) Óscar Naranjo cuando aceptó ser negociador del gobierno en La Habana. “Con algunos he vuelto a hablar, porque han reconocido avances. Me decían que nunca se firmaría el Acuerdo, luego que no se agruparían, y que no entregarían las armas, y ya lo están haciendo”. Sabe que su apoyo al proceso con las Farc le pasó factura en aprobación ciudadana, pero que empieza a percibir un cambio en la opinión pública: “Hay gente que me dice que no le gustan las Farc ni el Acuerdo, pero ya que se firmó, quieren que salga bien. Obré sin traicionar mis principios”. Lea aquí: Óscar Naranjo ya es vicepresidente de Colombia En dos semanas como vicepresidente visitó ocho departamentos y dialogó de frente con líderes sociales, defensores de Derechos Humanos y autoridades locales. Llegó preocupado de Tumaco (Nariño) y consideró que requiere una intervención integral que contribuya a superar una situación estructural de años, que hay crisis como resultado de los cultivos ilícitos y la presencia de bandas organizadas en los territorios que abandonaron las Farc. Se sorprendió porque estuvo en Corinto (Cauca), sin necesidad de un escuadrón de policías, como en el pasado. Sobre la amenaza del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de “revelar secretos del proceso de paz”, dijo que fue algo transparente, que en la primera etapa exploratoria fue confidencial, pero que puede ser escrutado. “No hay secretos que vayan a producir un desconcierto. No se incurrió en ninguna desviación”. Reveló que en los próximos días habrá un decreto presidencial que le entregará el rol de articulador de la implementación. ¿Estará por encima de Rafael Pardo, alto consejero para el posconflicto? “Tendré la capacidad de llamar a quienes no estén cumpliendo la tarea. Sí, estaré por encima, articulando y tomando las decisiones para que los ritmos y velocidades de la implementación se cumplan” . Desafíos de la implementación del acuerdo con Farc ¿Qué se está haciendo para saldar la deuda histórica de ausencia institucional en los territorios más afectados por el conflicto? El conflicto armado de 52 años convirtió al país en un Estado que operaba intermitentemente en los territorios, en función de una lógica constrainsurgente. Se erradicaba coca, pero había resiembra porque íbamos y salíamos. Nunca hubo condiciones para hacer presencia no solo con Fuerza Pública sino con oferta de educación, salud, vivienda y acceso a bienes. Ya sin conflicto con las Farc debemos ser capaces de acompañar la restitución. El Acuerdo, además, crea el marco de oportunidades de transformación y fortalece la institucionalidad. ¿El presupuesto para la implementación saldrá de cada entidad o la Vicepresidencia tendrá sus propios recursos? La implementación tiene tres grandes planes: el de los 100 días, que inició cuando se firmó el Acuerdo. El de respuesta rápida, que va por 18 meses. Se han inyectado 300.000 millones de pesos para cumplir los acuerdos de sustitución de cultivos los cuales se han elaborado con 78.000 familias para sustituir 60.00 hectáreas de hoja de coca. Hay otros recursos para la JEP y se hará el traslado de regalías de 1,2 billones de pesos para vías terciarias. Por último, está el marco de la implementación, que durará 15 años y será aplicado en los planes de desarrollo. ¿Qué dividendos le deja el Acuerdo al país hasta ahora? En 2015, en los 285 municipios donde estaban las Farc, hubo 4.000 homicidios. En el 2016 hubo una reducción de 1.000 homicidios, aun sin tener el Acuerdo final, pero ya había un proceso de desescalamiento del conflicto. Impresiona que no queramos reconocer que en el 2006 hubo 1.200 víctimas de minas antipersona, y que el año pasado se produjeron 68 casos. En 2001 hubo 3.800 secuestros y e 2016, 200. Ha habido algunas dificultades logísticas en las zona, y eso ha distraído lo fundamental, que es el fin de la violencia. El debate sigue centrado en la letra, no en la realidad. ¿Con la desarticulación del equipo negociador se debilitó el liderazgo en el proceso? Si ha faltado que quienes tenemos el liderazgo y la convicción de que acabar el conflicto era un imperativo ético, hablar con más fuerza sobre lo valores que se han conquistado. Por ejemplo, la discusión sobre la JEP ha sido de juristas, pero la justicia transicional es lo que la humanidad ha inventado para cerrar conflictos, y por primera vez no será solo para que ganen beneficios los guerrillero, sino para que se produzcan beneficios para los agentes del Estado y los terceros. El fin del conflicto con las Farc ha permitido poner la lupa a otros tipos de violencia. Hace unos años nadie hablaba del feminicidio, ni de la violencia intrafamiliar. Hoy esos fenómenos empiezan a aparecer y demandan acciones fuertes del Estado y una atención integral. Unas de sus tareas es proteger a los líderes, pero los siguen matando. El miércoles pasado fue asesinado Gerson Acosta, vocero de las víctimas de la masacre de El Naya, ¿cómo se van a prevenir estos crímenes? No puede haber fórmulas nacionales generales. Cada territorio tiene una tipología y unos victimarios. En una decisión integral y sostenida el Estado debe destruir rentas criminales, que han generado violencia en los territorios. El Eln también es responsable del asesinato de algunos líderes. No ocuparemos más de la prevención para crear condiciones de no amenaza y no asesinado. Esto se logra con un sistema de alertas tempranas, con mucha participación ciudadana y con una respuesta inmediata de las autoridades. Hay que asegurar que no haya impunidad. ¿Cómo afecta al país el aumento de la coca? Con ese nivel de producción de hoja de coca es difícil estabilizar los territorios para que haya construcción de paz. Es verdad que hay más hectáreas de coca, pero también ha crecido la capacidad del interdicción del Estado. En 1999 Colombia produjo 920 toneladas métricas de coca, con 176.00 hectáreas. Hubo una interdicción de 26 toneladas. El año pasado, según los Estados Unidos, con 188.000 hectáreas, se produjeron 710 toneladas métricas, y se interdictaron 340 en Colombia y 60 en Panamá. Ya no estamos ante una amenaza narcotraficante que llegue a poner en vilo la estabilidad institucional. La dejación va a obviar que las Farc reporte los números de serial del armamento, lo que impedirá conocer su procedencia y prevenir en el futuro, ¿le parece esto sano? Uno espera que el proceso de registro de las armas cumpla con el propósito de certificar que no habrá una paz armada. Probablemente sí se afecta parte de la memoria histórica, pero de lo contrario entramos en lógicas no transicionales de justicia. No habrá ningún tipo de negociación con las bacrim ¿Cuáles son sus prioridades en seguridad ciudadana? Estamos atrapados en dos escenarios difusos: uno en el vanguardismo, que sugiere legalizar las drogas, y otro prohibicionista. Ambas han dejado a los ciudadanos, operadores de justicia y a las instituciones en la mitad. Los jueces permiten tener más del 500 % de la dosis personal. ¿Eso qué es? ¿En qué mundo estamos? Combatir el microtráfico es el principal clamor de los ciudadanos y las autoridades locales. ¿Chocó le quedó grande al gobierno Santos? En Chocó y Tumaco hay tormenta perfecta. Hay criminalidad, desplazamiento, inseguridad y amenaza. Son dos escenarios que se deben convertir en laboratorios de solución, para que no nos queden grandes. Esta semana iré al Chocó, quiero tomarle el pulso. No quiero llegar con medidas tomadas desde Bogotá, a la luz de nuestra percepción. La velocidad de nuestra presencia institucional, militar y policial tiene que aumentarse, porque se fueron las Farc y está el Eln pretendiendo expandirse, al igual que el Clan del Golfo. Hay que mantener la persecución. La bandas criminales siguen desestabilizando muchas regiones, ¿existe alguna posibilidad jurídica para desmontarlas? Por ninguna razón habrá algún tipo de acercamiento o negociación política con ellos. El Clan del Golfo se quiere vestir hace años de autodefensas, pero son narcotraficantes. El único futuro que tienen es someterse a la justicia o enfrentar la persecución policial y militar, que ya se volcará a combatirlas porque no tienen que preocuparse por las Farc. La justicia prevé herramientas para el desmonte de organizaciones. La Operación Agamenón lleva 26 meses y no ha tenido resultados contundentes, ¿que se debe rediseñar? Agamenón ofrece unos resultados estructurales. Hay capturas, ataque a las finanzas, incautación e interdicción de drogas en esa zona. El problema es que el imaginario de éxito de Agamenón depende de la captura de ‘Otoniel’. Y sí hay que rectificar cómo lo vamos a capturar más rápido. Un escudo humano lo protege porque él les está pagando. ¿Cómo ha evolucionado la renta del narcotráfico? ¿Todavía existe un cogobierno de esas organizaciones? Antes la coca que se quedaba en el país era para inducir a más consumidores. La subsidiaban los narcos. Hoy la están dejando acá con fines de lucro. Antes ningún alcalde hablaba del asunto; hoy son los primeros en denunciar. Tenemos en marcha un plan de 50.000 hectáreas de erradicación voluntaria y 50.000 de erradicación forzosa. Haremos interdicción de precursores químicos, perseguiremos finanzas y eslabones. El general (R) dice que no es político y menos tradicional ¿Le gusta la propuesta que le presentó la Misión Electoral Especial (MEE) al Gobierno? El resultado de la MEE es el acumulado de una serie de recomendaciones, que el Gobierno, discrecionalmente, verá si acepta o no. Es muy importante asegurar los máximos de consenso. Los colombianos somos conscientes que nuestro sistema está atravesando por dificultades, y que es necesario replantearlo para que los ciudadanos vuelvan a confiar. Antes de su posesión usted le dijo a EL COLOMBIANO que iba a tender puentes con la oposición. ¿Ha avanzado en eso? ¿Ha buscado alguna reunión con el expresidente Uribe? No he buscado esa cita con el expresidente, ni he hablado con él. Desde la Vicepresidencia contribuiré a que la polarización sea menos radical, a que el ejercicio de la oposición tenga todas las garantías. Tampoco soy tan ingenuo de pensar que tender un puente es invitar a alguien a tomarse un café. ¿Por qué incomodó al Gobierno el encuentro entre Donald Trump y los expresidente Andrés Pastrana y Álvaro Uribe, si el presidente Santos recibió a Enrique Capriles en el 2013 en la Casa de Nariño, líder de la oposición venezolana? Se trató de un encuentro social, a través de terceros. Y al Gobierno ni le molesta ni tiene opinión sobre encuentros sociales de colombianos con personalidades en el mundo. Distinto es si se hubiera tratado de un encuentro oficial, porque ahí sí habría que preguntarse hasta dónde se respeta el mandato constitucional de que el presidente dirige la política exterior. ¿Qué ministros saldrán en los próximos días para evitar inhabilitarse para participar en política? Afortunadamente no tengo esa información, porque los cambios del gabinete dependen es del presidente. El CNE llamó a versión libre al presidente Santos por el caso Odebrecht. ¿Afecta esto la gobernabilidad en la recta final? El presidente ha dicho que él es el más interesado en que haya verdad y se depuren las responsabilidades individuales. Confío en que los organismos competentes avanzarán en ese sentido. Germán Vargas preparó su candidatura presidencial desde la Vicepresidencia, ¿usted también hará lo mismo? Soy un funcionario público, me gustan las políticas públicas, no aspiraré a la Presidencia. La Vicepresidencia no será una plataforma para dar saltos políticos de ninguna naturaleza. Cuando me retiré de la Policía tenía un 83 % de favorabilidad y un 7 % de favorabilidad, y no acepté ser candidato. Creo en los liderazgos de los jóvenes.
>> Leer más

Cifras de las pensiones para adultos mayores en Colombia (lun, 24 abr 2017)
Hasta el presidente Juan Manuel Santos dice que es necesaria una reforma pensional. En su discurso de cierre en el X Congreso de Asofondos, el Primer Mandatario propuso la creación de una comisión para estudiar el tema con miras a tratar que el proyecto pase en este Gobierno. Aunque Santos resaltó los avances que se han dado en materia de protección al adulto mayor con programas como Colombia Mayor, el presidente de Fasecolda, Jorge Humberto Botero, explicó que actualmente solo 23% de las personas de la tercera edad reciben una pensión, que sin una reforma al sistema de la seguridad social ese porcentaje va a disminuir hacia 18,8% para 205o, y que en Colombia “la vejez es la principal causa de la pobreza”. Si la comisión que prometió el presidente Santos finalmente ve la luz, entrará a evaluar un sistema en el cual es necesario aumentar la cobertura, ya que las cifras de cotizantes y pensionados son pequeñas. De acuerdo con los datos del gremio de los fondos de pensiones, Asofondos, actualmente hay 20,6 millones de afiliados al sistema de pensiones en Colombia, de los cuales 14,12 millones son sus afiliados, mientras que 6,45 millones de personas están en el régimen público. De esos casi 21 millones de afiliados que tiene el sistema de pensiones colombiano, se estima que solo 7,8 millones de personas cotiza, lo que implica que 65% de los colombianos no ahorra para su pensión. De acuerdo con el presidente de Asofondos, Santiago Montenegro, ese bajo nivel de cotización es una de las razones para que el sistema sea insostenible. La baja cobertura es uno de los grandes problemas, pero para el presidente Santos es evidente que el Estado gasta demasiado en pensiones, y por eso fue claro en decir que seguramente lo primero de lo que le hablará la recién creada comisión del gasto público es de la necesidad de una reforma pensional. El punto detrás de la presunción de Santos fue resumido por Botero, quien indicó que esos $38 billones que gasta el Gobierno anualmente en pensiones son el segundo rubro más pesado del presupuesto después de la deuda. “Se gasta más en pensiones que en salud o defensa”, señaló. Ese déficit, de acuerdo con Montenegro, hace que el sistema de repartos sea inviable, y es principalmente por el peso de los subsidios a la hora de pagar las pensiones. El presidente de Porvenir y de la junta directiva de Asofondos, Miguel Largacha, dijo que los estudios han revelado que “el subsidio para una mujer que se pensiona cotizando con los máximos es de cerca de $900 millones”, mientras que el aporte de la Nación para las cuentas de las personas que se pensionan con un salario mínimo es de unos $140 millones. De cara a una reforma pensional, Montenegro propone que se deje un solo régimen de pensiones, y aunque Montenegro no lo dice de esta manera, una de las razones es que mientras el sistema público tiene un déficit de casi $40 billones al año, solo en 2016, los recursos del ahorro pensional que administran las AFP tuvieron rendimientos de $16 billones, y en los primeros meses de 2017 ese incremento en los activos ya va por $6 billones, con lo que el total del dinero que administran los fondos privados está en $199 billones. En el régimen privado, actualmente hay unas 115.000 personas pensionadas con (corte a marzo), y la proyección es que para 2050 Colombia tenga unos 3,5 millones de jubilados, y que las AFP atiendan a cerca de dos millones de personas. Aún así, una de las quejas constantes es que el valor de las mesadas pensionales en los privados es muy bajo en comparación con los sueldos previos a la jubilación. Por eso, el presidente de Protección Juan David Correa, es enfático en que se debe estimular el ahorro de los colombianos para que al final de sus días hábiles el dinero total de su pensión sea más grande, y para ello los fondos han inventado herramientas que van desde la mezcla de pensiones obligatorias con seguros hasta los fondos de pensiones voluntarias. Finalmente, con el fin de mejorar el monto de las pensiones de los colombianos, el presidente Santos anunció la expedición de un decreto que permite modificar el régimen de inversiones de los fondos retiro programado, “eso va a mejorar la rentabilidad de las pensiones de los colombianos”, explicó Santos. Los números de los fondos de pensiones De acuerdo con los datos de la Superfinanciera a febrero, el fondo de pensiones y cesantías con más activos administrados es Porvenir, ya que maneja unos $86,7 billones entre las cuentas de los fondos de pensiones moderado, conservador, de mayor riesgo y de retiro programado, y con 10 millones de afiliados a noviembre. El segundo en la lista es Protección, que maneja $71 billones. Después viene Colfondos, que tiene $54,5 billones y cierra la lista Old Mutual ($16,7 billones).
>> Leer más

Informe sobre minas antipersonal en Colombia (lun, 24 abr 2017)
El legado de dolor que dejó en el país la utilización de las minas antipersonal se centró en unos cuantos sitios específicos. Acorde al informe ‘La guerra escondida. Minas antipersonal (MAP) y remanentes explosivos en Colombia (REG)’, que presentará el Centro de Memoria Histórica el próximo 26 de abril, en 25 municipios se registran el 50 % de víctimas de estos artefactos. Según el documento, en 491 municipios de los 1.122 que tiene el país se han presentado víctimas por minas y remanentes, lo cual implica que el 54 % del territorio no está contaminado, siendo aun así, el segundo país con más minas antipersonal después de Afganistán. Lo que lleva a asegurar que hay una concentración de víctimas y sobrevivientes, y efectivamente así lo comprobaron los investigadores, pues el 50 % de estas personas afectadas están en solo 25 municipios del país, al menos entre el periodo de abril de 2016 a marzo del 2016. Por ello, el llamado es a concentrar las acciones en dichos municipios. Entre los municipios se encuentra: Tame, Arauca, Vista Hermosa, Meta; Tarazá, Antioquia; San Andrés de Tumaco, Nariño; Ituango, Antioquia; La Montañita, Caquetá; San Vicente del Caguán, Caquetá; Uribe, Meta; Samaniego, Nariño; Anorí, Antioquia; Puerto Libertador, Córdoba; Arauquita, Arauca; Puerto Rico, Caquetá; Planadas, Tolima; y Tierralta, Córdoba, entre otros. La investigación también señala que hay un indicador de obsolescencia, dado a que en territorios donde se registraban víctimas para el periodo de 1990 y 2001, ya no han registrado ninguna víctima. “Aunque estos interrogantes solo podrán ser despejados si se produce una cooperación real de los encargados de su fabricación que conduzca a un mejor conocimiento de su accionar, el comportamiento indica que la obsolescencia de las MAP es mayor de lo que se esperaba para el caso de los artefactos instalados en el primer periodo”, afirma. Algunas recomendaciones “Es preocupante que en todas las zonas que visitamos donde se ha hecho desminado humanitario hubo denuncias de eventos por MAP o REG posteriores al proceso de despeje”, afirma el informe. Además, deja consignado que se requieren cambios en la asistencia a víctimas porque hay falencias de la ruta de atención prehispitalaria, atención hospitalaria y rehabilitación, inclusión socioeconómica e indemnización administrativa, y un contraste entre la asistencia a las víctimas civiles y a las de la Fuerza Pública. “La atención integral a víctimas necesita de entidades territoriales más fortalecidas para hacer frente a todas las etapas de la ruta, de profesionales más sensibles frente a la condición de las víctimas de MAP y REG, de una política pública que reconozca la afectación de los familia”, afirma el informe resaltando también que es necesario incluir en la atención el enfoque de género en la ruta de atención a víctimas. Además, para los investigadores debe considerarse los datos socioeconómicos que señalan que el 70 % de las personas sobrevivientes corresponden al estrato 1 y el 71 % de ellos está afiliado al Sisbén. “Estas condiciones, sumadas al hecho de que los casos de activación de MAP y REG se dan en un 98 por ciento en zonas rurales, explican por qué lograr una atención hospitalaria o una indemnización satisfactoria constituyen verdaderos retos para la población afectada. Ella no dispone ni de los recursos económicos ni de la movilidad que exige un proceso burocrático que sin excepción fue calificado por las víctimas como lento, insensible y, en muchos casos, revictimizante y hostil”, señala. Pero el informe, que fue realizado con la compañía de la Fundación Prolongar, trata muchos más aspectos y señala que el anonimato es la probablemente la mayor fuente de impunidad y de autoinculpación. “Se trata en este caso de una guerra sin rostro que tiene la particularidad de que su huella queda marcada para siempre en la corporalidad del sobreviviente”, dice. Consecuencias para los territorios En el informe también se habla de la afectación que estos territorios hacen en los territorios, sean las minas o los remanentes activados o no. “Se constató una relación con la deserción escolar que se refleja en que, entre 2006 y 2014, por cada víctima de MAP hay en promedio 30,5 estudiantes menos al año siguiente en el municipio afectado. También se constató una correlación entre presencia de MAP y aprovechamiento productivo de la tierra: entre el año 2006 y 2013 cada atentado con MAP se asocia con la disminución de 22,8 hectáreas cultivadas al año siguiente en el municipio afectado”, dice el informe. Y habría relación entre los atentados con MAP y el desplazamiento forzado, pues, “en el periodo comprendido entre 2006 y 2014, por cada evento registrado, se presentan 10,7 personas desplazadas más en el país”. Otras relaciones visibles son las que se encuentran entre la ubicación de las minas y los cultivos de coca, y la gran afectación que se registra en contra de los erradicadores manuales esos cultivos. “Se puede afirmar que existe una relación geográfica entre víctimas de MAP y cultivos de coca en las regiones de Catatumbo, bajo Cauca antioqueño, bajo Putumayo (San Miguel, Puerto Leguízamo, Puerto Asís, Valle del Guamez), en la región del Nudo de Paramillo entre Antioquia y Córdoba, y en los municipios Vista Hermosa (Meta) y Tumaco (Nariño)”. Para el caso de las erradicadores, incluso, se han llegado a fabricar minas para afectarlos directamente y son ellos además, quienes representan la cuarta parte de las víctimas civiles registradas en Colombia. Por ello, el llamado en este punto es para que incluyan a esta población en la educación de prevención de estos artefactos. El subregistro “Hacemos un llamado a que la Fuerza Pública reconozca su responsabilidad frente a los REG y refuerce las medidas encaminadas a disminuir este riesgo”, afirma el informe al explicar que hay un subregistro que encubre la dimensión de la activación de los remanentes explosivos. Según cifras oficiales, menos del 5 por ciento de los accidentes registrados de 1990 a la actualidad son por la explosión de algún remanente explosivo de guerra, pero pueden ser más porque hay una dificultad para diferenciar si los casos se dan por minas o por remanentes, y además, dice, por, “la dificultad que constatamos para obtener el reconocimiento como víctima y entrar a la ruta de atención cuando una munición de la Fuerza Pública ha sido la causante del accidente”. Lo que preocupa, resaltan, es que los remanentes afectan de manera particular a menores de edad que son cerca del 30 % de la población civil.
>> Leer más

Retos del río Magdalena: dragar y liquidar Navelena (mié, 19 abr 2017)
Uno de los impactos que tendrá la caducidad del contrato que buscaba recuperar la navegabilidad del río Magdalena, es que este año las obras de encauzamiento para hacerlo navegable entre La Dorada y Barrancabermeja, quedarán archivadas. Lo que sí se hará es el dragado. Aunque en general las autoridades del Atlántico están optimistas y consideraron que se puede avanzar a principios de 2018 en una nueva Asociación Público Privada, APP, ya están planteando la posibilidad de un puerto de aguas profundas; los gremios ya comienzan a sentir el impacto y se habla de pérdidas cercanas a los 4.000 millones de pesos. Con este panorama, ¿cuál es el plan del Gobierno para que las afectaciones de la caducidad no sean mayores? ¿habrá proyecto de navegabilidad el próximo año? Estas respuestas las tiene Luis Fernando Andrade, director encargado de Cormagdalena, quien explicó que el río se atenderá en tres fases. Explicó que en la primera etapa lo que se hizo fue declarar la urgencia manifiesta con el objetivo de remover el material que está causando el bloqueo en el canal de acceso al puerto de Barranquilla. El monto que se invertirá se determinará en los próximos días, pero no superará los $2.000 millones. La segunda etapa en este proceso consistirá en realizar la contratación para asegurar el funcionamiento del río hasta que se adjudique la nueva APP, es decir, por lo menos hasta diciembre. Esas serán dos licitaciones que tendrán una inversión de $20.000 millones. Específicamente estos dos contratos consisten en atender dos tramos del río. El primero entre Calamar (Bolívar) y Barranquilla (Atlántico). Esta contratación estará a cargo del Invías y esta misma semana iniciará el proceso. “En el corto plazo estaremos dragando a través de un contrato de urgencia manifiesta y tan pronto se adjudique el contrato, en tres meses, ya se tendrá una solución permanente para el dragado”, explicó Andrade. En el tramo entre Calamar y Barrancabermeja también se va a asegurar el dragado el cual estará a cargo de Cormagdalena, para lo cual el Gobierno cuenta con el apoyo de las diferentes entidades del Estado, como la Dimar. La tercera etapa es la adjudicación de un contrato para recuperar la navegabilidad a través, nuevamente, de una Asociación Público Privada, el cual se espera este liste en 2018. Paralelamente, a todo este proceso, el Gobierno avanzará en la liquidación del contrato con Navelena. “Se iniciará el proceso de liquidación para pagarle a los acreedores, a los bancos, a aquellos empleados a quienes no se les han pagado y los proveedores a quienes se les está debiendo dinero”. Destacó que al día de hoy, no se sabe cuánto son las deudas de los acreedores y proveedores. “Lo que sí sabemos es cuánto es la deuda con el Banco Agrario el cual hizo un préstamo de 120.000 millones de pesos que con los intereses de mora ya supera los 130.000 millones. Ese pago tendrá prioridad en el proceso de liquidación”, explicó Andrade. Anunció que todo esto durará cerca de seis meses. “Durante este tiempo se realizará un análisis riguroso de todas las inversiones que hizo el concesionario. Es importante que se sepa que a la fecha el Gobierno no le ha pagado a Navelena un solo peso, entonces, la primera tarea de liquidación es definir cuánto se invirtió y luego se deduce de ese monto la multa que se estableció de 55.000 millones de pesos que se les ha aplicado por fallas en el dragado en Barranquilla”. El impacto Miguel Ángel Espinosa, presidente ejecutivo de la Federación Colombiana de Agentes Logísticos en Comercio Internacional, explicó que debido a la falta de gestión para la navegabilidad del río se han generado pérdidas cercanas a los $4.000 millones. “A esto se le suma que la competitividad de la región y de las terminales portuarias de Barranquilla, se ven comprometidas”, dijo Espinosa. Según la Federación, la gestión del río debe incluir ingeniería y control, dada su importancia para el país. “El sector privado por ejemplo ha realizado inversiones por 2.500 millones de dólares desde hace 4 años, inversiones que están paralizadas, porque no hemos pasado de la teoría a la práctica en materia de navegabilidad”. Puntualizó diciendo que hoy por el puerto de Barranquilla se mueve cerca del 70 % de la carga del país..
>> Leer más

Copyright © 2016 Colombialanuestra-Tunja-Boyacá-Colombia.